Adolfo Mazariegos
[…] En un sistema democrático (sistema democrático tal como se le conoce en lo que hoy día apreciamos como democracia), por antonomasia, son los partidos políticos los grupos organizados mediante los cuales se accede al poder político del Estado. La institucionalidad de un partido político en tal sentido resulta, por lo tanto, sumamente importante y necesaria. Algo que debe nacer desde el interior de su propia organización y que debe ir en congruencia con su ideología, con sus planes de trabajo, y con los objetivos que persiga tanto en corto, como a mediano y largo plazo; muy poco es lo que puede hacerse desde afuera en tal sentido (salvo, por supuesto, aquello que esté establecido y normado en el marco jurídico del Estado y que no sólo da vida a dichas organizaciones, sino que regula lo concerniente a su funcionamiento). Es importante, dicho sea de paso, hacer ver que no es lo mismo hablar de la institucionalidad del Estado en sí, que de la institucionalidad de un partido político en tanto grupo organizado dentro de dicho Estado. Una forma inadecuada de vestir a un partido político desde su nacimiento lo hace poco consistente en sus valores, poco realista, poco congruente con las necesidades y obligaciones que debe asumir con respecto al electorado (por ejemplo), y, por lo tanto, le hace permeable y susceptible a vicios de todo tipo, lo cual se constituye en una de las principales falencias que provocan dicha falta de institucionalidad. Esto, sin contar el hecho de que, en la mayoría de los casos, los partidos políticos son vistos y creados como empresas, no como colectivos sociales mediante los cuales (como ya se apuntó en su momento) se puede coadyuvar a mejorar distintas áreas de la vida cotidiana de un país entero. En Guatemala no se recuerda (ciertamente) un partido que haya logrado llevar a sus candidatos a la presidencia por dos períodos consecutivos (ni alternos, lo cual dice mucho de cómo funciona el sistema), y no hablo de los procesos electorales o de los medios -legales o ilegales- que se puedan utilizar para ello, sino de la identificación que la ciudadanía pueda tener en un momento dado por un partido u otro y que le permita perdurar a través de los años. Resulta evidente que a los partidos políticos guatemaltecos no se les ve como verdaderas instituciones de derecho público, y eso se debe, además de lo ya esbozado someramente, a la falta de formación cívica y ciudadana que permita al conglomerado distinguir entre una opción y otra, dejando de lado lo clientelar y los ofrecimientos vacíos, insulsos, que tan caro cuestan después. Aún falta para que se tenga a la vuelta de la esquina la realización de un nuevo proceso de elecciones generales, pero prudente sería, desde ya, pensar en la necesidad de crear verdadera institucionalidad partidaria, y motivar el aparecimiento de nuevos liderazgos que hagan la diferencia…, ojalá, por el bien de este hermoso país.
