Marco Trejo
Las Comisiones de Postulación se han convertido en otro apetecible pastel de los politiqueros, quienes han visto en ellas la forma de cooptar el Poder Judicial del Estado, con el fin de tener a sus pies un grupo de jueces y magistrados que velen por intereses oscuros y corruptos para beneficiar gente que no quiere que salgamos del desarrollo en el que vivimos.
Es indignante ver cómo los operadores de justicia, jueces, magistrados, diputados, expresidentes de la República, ministros, secretarios presidenciales y comisionados de las universidades hacen fila para ir a traer instrucciones para votar por fulano y mengano, cuyo nombre aparecerá en la lista de 26 que han preparado las Comisiones de Postulación, la cual ha sido entregada al Congreso de la República, para que designen nuestra próxima Corte Suprema de Justicia y miembros de Salas de Apelaciones y otros tribunales.
Las Comisiones de Postulación están formadas por altos funcionarios públicos, autoridades universitarias públicas y privadas (como, por ejemplo: rectores y decanos), representantes de los diferentes Colegios Profesionales y otros, según sea el funcionario a elegir y a qué institución del Estado pertenece, lo cual deberían de comportarse de la mejor manera y no como lo hacen mañosamente.
Pero hay algo que han obviado y es que los principios que rigen el actuar de las Comisiones de Postulación (también va para los que las integran), son la transparencia, excelencia profesional y objetividad, lo cual es fundamental para ocupar este cargo, que nos va a dejar como resultado, los próximos administradores de justicia, quienes serán los encargados de impartir justicia en los próximos cinco años, por lo que se espera que sean jueces justos, dignos y, sobre todo, probos.
Pero todo esto es obviado y los politiqueros tratan de cooptar estos puestos poniendo a los que les interesa y que, previa negociación, son operadores de grupos interesados, que necesitan sentencias a su favor para desligarlos de los procesos judiciales que los pueda incriminar en actos de corrupción y poder así limpiar su camino para enriquecerse a costillas de los impuestos, que tributa la sociedad, que debería ser invertido en el desarrollo del país.
En este proceso de nominación de personas hemos visto una serie de vicios, mañoserías, intereses y demás formas de manipular las listas, con el único fin de que ingresen, los nombres que les conviene, a un grupo de politiqueros, quienes necesitan tener bajo la bota a los próximos operadores de justicia, para que ambos se hagan millonarios al favorecer con sus sentencias a los que se vean involucrados en casos de corrupción y logren minimizar las penas que pudieran corresponderles.
Por esta razón es que vemos funcionarios públicos, que son sentenciados a penas que dan risa, y que han sido descubiertos defraudando al Estado, pero que después los vemos en la cárcel dos, tres o cuatro años y pagar multas que no les quita ni un pelo de lo robado, lo cual les permite reírse de una sociedad cansada de tanta impunidad.
La Corte de Constitucionalidad trató de enmendar los dos vicios en el actual proceso, uno la forma como se eligió a los representantes de los magistrados a la Corte de Apelaciones para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el incumplimiento del Consejo de la Carrera Judicial para evaluar a los postulados para ocupar los cargos. Pero aun así los interesados vieron la forma como jugarle la vuelta al asunto.
Existen dos Comisiones de Postulación: una que elabora la nómina de 26 candidatos para magistrados de CSJ, que después elegirá a los 13 magistrados titulares; y otra para designar los nombres de los magistrados de Cortes de Apelaciones que conformará a 45 Salas, cada una, con 3 magistrados titulares y 2 suplentes. En ese sentido, esta comisión enviará una nómina de 270 candidatos de los cuales el Congreso elegirá a los magistrados de las Cortes de Apelaciones.
Pero todo este proceso quedó empañado con la reciente revelación del Ministerio Público, que presentó una investigación, que deja al descubierto una trama oscura, para lograr los propósitos corruptos de meter nombres de operadores de las mafias para que queden en la lista de los propuestos. Será posible que con toda esta evidencia nos quedemos de brazos cruzados y solamente veamos cómo se culmina un acto deleznable en favor de politiqueros que viven de las ubres del Estado.
Ahora nos falta ver si la novena legislatura está hecha de manera diferente o simplemente está conformada por los mismos de siempre. Este escándalo que vivimos es para iniciar procesos legales y morales contra los que se han visto involucrados en esta cloaca que ha dejado al descubierto, la manera más descarada, de querer verle la cara al Pueblo de Guatemala.
