Juan Antonio Mazariegos G.
El nuevo escándalo de amaño, tráfico de influencias, corrupción y evasión que presentó esta semana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, como caso penal, en contra de Gustavo Alejos, pone en jaque no solo al susodicho, si no al sistema de las denominadas Comisiones de Postulación y a la nómina de postulados, seleccionados para integrar la futura Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones de dicho organismo del Estado.
La historia de las Comisiones de Postulación se remonta a 1993, cuando luego del autogolpe de Serrano Elías, se promovieron reformas constitucionales que buscaban, dentro de otras necesidades, frenar el tráfico de influencias y el despropósito que antes de esa fecha generaba el Congreso de la República para elegir Magistrados de Corte Suprema de Justicia y otras altas autoridades que eran electas por el Congreso, tal y como estaba previsto en la Constitución de 1985. La idea de quienes intervinieron en aquellas reformas constitucionales, en principio, no fue mala, a grandes males, grandes remedios y se pensó en la posibilidad de crear un filtro para que el Congreso eligiera a esas autoridades dentro de una nómina precalificada de aspirantes.
Las Comisiones de Postulación, de conformidad con su propia ley, descansan en los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad. En resguardo de dichos principios se pensó que la academia, representada por la Universidad de San Carlos y las universidades privadas, así como las entidades gremiales, agrupadas en los distintos Colegios Profesionales que tienen injerencia en las Comisiones de Postulación que se convocan para los distintos puestos a elegir, serían la barrera adecuada para contener las componendas y el trato político que el Congreso, por su propia naturaleza daba a dicha elección.
La idea resultó nefasta, el poder que busca copar las Altas Cortes que imparten justicia en el país, no se detuvo ante el filtro puesto y en lugar de ganar en transparencia y objetividad, perdimos a los filtros, pues el poder encontró que era más fácil tomar el control de cualquier espacio que pudiera existir, dentro de las universidades y los colegios profesionales. De esa cuenta, ya desde los inicios de las Comisiones de Postulación aparecieron integrando las mismas, Decanos de Facultades que ni siquiera tenían alumnos y las elecciones de los Colegios Profesionales se volvieron un medio para obtener un botín muy apetecido, en pos del cual se hacía razonable abandonar la aspiración de un estándar alto de calidad profesional, para cambiarlo por edecanes, música, tragos y comida.
Estoy de acuerdo con la mayoría de comentarios que se hacen sobre la urgencia de cambiar al sistema, el problema es que le vamos a poner de barrera a ese poder que todo lo copa, que más estamos dispuestos a perder en el proceso para detenerlo. A mi entender, el análisis debe de ser profundo y debe excluirse a las universidades y a los Colegios Profesionales de dichas responsabilidades para que recuperen su independencia y se conviertan en los verdaderos contrapesos de un Estado al que le urge una guía y una crítica académica y profesional totalmente al margen de intereses políticos y sectarios.
