Francisco Cáceres Barrios
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Aquellos jueces llamados magistrados son los funcionarios públicos judiciales de alto nivel jerárquico que se encargan de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Se espera que ellos sean imparciales, es decir, que no deben tener vínculos ni intereses con las partes involucradas en un caso específico y ser independientes de criterio, lo que significa que no deben dejarse influenciar de ningún otro poder como no ser dependientes. De ahí que le pregunte al estimado lector ¿cree usted que sin ninguna duda o ambages los que están siendo postulados podrán ser llamados magistrados si salieran electos?
¡Aquí está el detalle! Esta es la situación por la que actualmente está pasando el ciudadano guatemalteco. Las leyes del país contemplan la forma de cómo seleccionarlos y elegirlos sin embargo, la politiquería se ha encargado de obstaculizar y hasta de corromper su procedimiento, de tal manera que ahora nos impide poder llamarlos magistrados, pues podrán ser funcionarios públicos corrompidos, sin contar con la suficiente certeza de que llenan los requisitos mínimos de confiabilidad para poder llamarlos magistrados. ¿O quienes así pensamos somos demasiado exigentes?
Veamos, ¿podría usted confiar en alguien que ha sido sujeto de denuncias por no administrar justicia pronta y cumplida? ¿No tendría serias dudas porque muchos de ellos cuando desempeñaron un cargo público fueron denunciados por actos de corrupción, porque han ejercido la defensa penal de forma sistemática para personas involucradas en narcotráfico, delitos conexos y del crimen organizado? Si no puede señalarlos por lo anterior, ¿sabe usted que algunos de ellos han protegido a funcionarios públicos o personas que en ejercicio de su profesión han cometido delitos o han ejercido constantemente la defensa de acusados de casos como asesinatos, intentos de fuga de perseguidos por la justicia, de acusados de fabricar productos narcóticos o de hacer trámites judiciales totalmente contrarios a nuestra Constitución?
Si no han sido señalados de lo anterior, ¿tampoco lo han sido por favorecer con sus votos a directivos de entidades autónomas o descentralizadas del Estado señalados clara y contundentemente de actos corruptos? Si no han hecho nada de esto, ¿tampoco han favorecido gestiones de arresto domiciliario a reos claramente involucrados en delitos penales, a extranjeros acusados de cometer flagrantes delitos migratorios o por haber dictado fallos que favorecen notoriamente a que la impunidad siga privando en Guatemala?
Bueno, estoy claro que arriba únicamente he citado algunos de los señalamientos que se le han hecho a diversos candidatos, pues el listado suma y sigue constantemente, al punto, que la confiabilidad ha llegado a desaparecer de manera tan abrumadora en la ciudadanía que por más aclaraciones, argumentos o excusas que aduzcan hacen prácticamente imposible quitar de en medio la desconfianza que priva en la justicia guatemalteca.
También de sobra sabemos, que la piel de muchos se ha endurecido a tal punto que poco les cala el desprestigio que les acompaña paralelamente a su postulación y que, una vez sentados en su poltrona juzgadora lo demás les vendrá del norte.
