Víctor Ferrigno F.
Ayer, el Ministerio Público (MP) recapturó a Gustavo Alejos Cámbara, por el delito de evasión, al violar las medidas sustitutivas que le otorgaron, y se destapó el cochinero que ha sepultado la credibilidad del proceso de selección de magistrados de Salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo Electoral.
Desde hace meses, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), bajo la etiqueta #CortesNoMafias, han demandado transparencia en la selección de magistrados, al igual que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recién publicó el estudio sobre “Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos”, el cual reseñé en mi anterior columna. El informe aborda con especial énfasis la relación entre corrupción y justicia, haciendo un esfuerzo relevante para diagnosticar el impacto de la corrupción sobre las instituciones y operadores de justicia, proponiendo estándares para el fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas y la transparencia judicial.
La dañina y grave relación entre corrupción y justicia fue expuesta, en conferencia de prensa, por el Fiscal Especial Contra la Corrupción (FECI), Francisco Sandoval, al informar que, además de eludir la custodia penitenciaria, Alejos se convirtió en un nocivo operador para amañar la elección de Cortes, reuniéndose con diputados, jueces, abogados, candidatos a magistrados, e integrantes de las Comisiones de Postulación.
De acuerdo a las pruebas presentadas (fotos, filmaciones, escuchas telefónicas), Gustavo Alejos se reunió, entre otros, con dos electores: Dennis Billy Herrarte Arita, representante del Colegio de Abogados, y Romeo Monterrosa, cuya idoneidad ha sido cuestionada por las OSC, por ser abogado de narcotraficantes, y fue recusado por la jueza Erika Aifán. No es de extrañar que la reconocida juzgadora, a pesar de ser calificada con 89 puntos, no consiguió los votos necesarios para ser postulada ante el Congreso; su integridad la inhabilita frente a las mafias.
Ambos electores, y seguro habrá más, aceptaron que se reunieron con Alejos, pero dándose baños de pureza, aseguran que no pactaron nada ilegal. ¿Creerán que somos estúpidos?
Lo grave es que las reuniones se realizaron en un local acondicionado para reuniones, frente al hospital donde Alejos debió estar confinado, sin escoltas, pero bien apertrechado de viandas y licores. Obviamente contó la colusión del Sistema Penitenciario y de los dueños del hospital –deberán ser investigados– y con los muchos millones del dinero sucio que sus vulgares hueveos le han permitido acumular.
Estas fechorías le han implicado ser sindicado de graves delitos en cinco juicios diferentes, por lo que le urge controlar, especialmente, la selección de magistrados de Sala, quienes conocerán de sus casos y los de casi todos los cafres detenidos en el cuartel Mariscal Zavala. Operativamente hablando, su primer éxito fue lograr, en noviembre pasado, que la jueza Eva Recinos le otorgara arresto domiciliario, y así continuar con su ilegal amañe en la selección de Cortes.
¿Qué confianza podremos tener en los magistrados escogidos por delincuentes multirreincidentes, por abogados de narcotraficantes o por diputados corruptos? Así, a la justicia se le puso precio y la convirtieron en meretriz. ¡Pero lo pagarán!
El colofón de este enorme cochinero es que el gran elector será el Congreso de la República, donde ya sabemos que hay, por lo menos, 90 diputados coludidos con el Pacto de Corruptos. Al elegir a los jueces, el Parlamento deberá recordar el contundente aserto de Benito Juárez: “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al Pueblo, y con sus hechos lo traicionan”.
