Julio Roberto Bermejo González
En el artículo anterior «Un nuevo Gobierno. Un Nuevo Congreso. Una Nueva Moralidad» (La Hora, 5 de febrero de 2020), expresé el anhelo de que tanto en el actuar del Ejecutivo, como el Congreso de la República, aprovechando la nueva etapa política y en el Congreso con nuevos 120 diputados, debería nacer una corriente de hacer las cosas correctas, de no realizar actos corruptos, de respetar la ley. Pero rápidamente nos percatamos de que se estaba creando a nivel del Ejecutivo una Comisión Anticorrupción que no tendrá dientes, no manejará sus finanzas, ni el nombramiento de sus integrantes. No será una comisión independiente y como consecuencia carecerá de fortaleza para identificar y denunciar actos de corrupción, su función será muy limitada.
La corrupción en el Ejecutivo es muy extensa y profunda, a diario se ve en la prensa que personas y entidades corruptas siguen haciendo contrataciones con el Estado y lo más grave es que los personeros de las diversas entidades estatales las conocen y sin embargo les siguen adjudicando las licitaciones. La mayoría de los funcionarios son permeables. Hay que reconocerlo, combatir esto es difícil, pero ello no opta a que se identifiquen personas y entidades que han ganado fraudulentamente licitaciones o que se les haya comprobado incumplimiento en las obras. Sin lugar a dudas el personal encargado de recibir las obras tendrá una gran responsabilidad y estos equipos deben de integrarse con personas altamente honestas.
No quiero concluir esta colaboración sin referirme a los últimos casos que se han destapado en el Congreso de la República y que se refieren a que en el pasado se ha indemnizado a los diputados que han concluido el período para el que fueron electos. Esto se produce porque el presupuesto del Congreso es abundante y da para todo; pero además, la Contraloría de Cuentas ha sido deficiente y corrupta. El concepto universal de la indemnización es que es la consecuencia de un despido injusto e ilegal. Pero los diputados que concluyen su período no caen en esta situación y ellos perfectamente lo saben y los que han pedido esa indemnización lo han hecho en silencio y esperando que nadie de la sociedad civil se entere de este acto incorrecto. Los que han percibido esas indemnizaciones deben devolver el dinero y la Contraloría de Cuentas debe ser estricta en identificar los casos que se han dado.
Pero el pecado no solo está en el ladrón que roba sino en el que lo deja robar y aquí me refiero a los miembros de las Juntas Directivas que han autorizado estas erogaciones. Pero hay más, en el presupuesto del Congreso se ha consignado en las diversas épocas una partida que contempla la posibilidad de pago de estas indemnizaciones y esto la Contraloría de Cuentas deberá hacerlo ver y recomendar la eliminación de estas partidas presupuestarias por ser ilegales, pero como el Congreso de la República elabora su propio presupuesto, el gran pecado está en la corrupción interna.
Ahora solo me refiero a lo que sucede en el Congreso de la República, pero es de conocimiento público que esta ilegalidad se ha manifestado en entidades autónomas, semiautónomas, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral y otras destacadas entidades. Pero el mal ha estado en el mal funcionamiento de la Contraloría de Cuentas y en la aberrante práctica de que las entidades en las que se ha incurrido en esta práctica aprueban su propio presupuesto.
En el Congreso de la República no solo hemos tenido una deficiente producción legislativa, sino su personal está exageradamente recargado con asesores abundantes e incapaces, con quizás alguna excepción; además, toda clase de personal de apoyo gozando de prestaciones exageradas que han sido dolosamente negociadas por las diferentes Juntas Directivas.
Pero dentro del Congreso de la República hay más pecados y acciones deshonestas. Dolosamente se contrató un seguro módico para todos los diputados; tienen teléfono gratis, computadora gratis, comida pagada por el Congreso, viáticos y pasajes pagados también por el Congreso, dietas por asistencia a las plenarias y sesiones de comisiones y muchas otras prebendas. En otros países, en donde sí funcionan las instituciones y especialmente los Parlamentos, esto no existe. Guatemala está deficiente, en salud, educación, infraestructura y en muchos otros aspectos más y como consecuencia es una vergüenza y una injusticia que el Congreso de la República, que poco rinde para el beneficio del país, se den estas situaciones que pintan de cuerpo entero al corrupto Congreso de la República que tenemos. Estaba dejando en el tintero que como un beneficio extra al aprobar el Presupuesto General de la Nación, los diputados se aseguran el control de las obras, cuya ejecución se contempla en tales presupuestos y esto es de total conocimiento de la ciudadanía.
En un esfuerzo de superar el pesimismo, podríamos esperar que un aire revolucionario nos alcance y permita al país superar todas estas deficiencias y malas conductas que la clase política nos ha impuesto. Nuestra población es joven y debemos tener confianza de que Guatemala tendrá un mejor futuro.
Doctor en Derecho* *Catedrático Universitario Graduado por la Escuela Diplomática de España*
