Adolfo Mazariegos
Hace algunos años (creo que en 2012 o 2013, o quizá un poco después), publiqué un par de breves artículos en los que hablaba acerca de la institucionalidad de los partidos políticos en Guatemala. Prácticamente había olvidado ya aquellos textos con los que hoy, sin proponérmelo, me he reencontrado casi por casualidad. Me permito abordar el tema nuevamente en este espacio, a manera de sencilla y necesaria reflexión, en virtud de que, como resulta bastante evidente, poco (o nada) ha cambiado con tales organizaciones en el marco del sistema político guatemalteco desde que publiqué por primera vez aquellos sencillos escritos. La institucionalidad de tales agrupaciones políticas en el país sigue siendo reiteradamente cuestionada. La discusión seria y concienzuda de dicho tema, por lo tanto, sigue siendo hoy, sumamente necesaria e impostergable. Y en ese orden de ideas, dicho sea de paso, el sistema político guatemalteco actual, pareciera a pesar de los ofrecimientos y reiteradas promesas de cambio, ir asentándose nuevamente en eso que la ciudadanía ha rechazado tanto y que muchos (incluso “políticos”) han dado en llamar una vieja forma de hacer política. Según lo establece el Artículo 18 de la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, un partido político es “una organización política” que, constituida legalmente e inscrita en el Registro de Ciudadanos conforme a la ley, goza de la calidad de “Institución de derecho público”. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, define “institución” como una organización que goza de respeto por su quehacer, porque crea, porque propone, y porque además es capaz de perdurar en el tiempo. Un partido político en Guatemala tiene responsabilidad jurídica, lo cual le permite hacer valer determinados derechos y al mismo tiempo le obliga a cumplir con un marco jurídico vigente. A nivel teórico, y quizá visto en la práctica como algo “ideal”, un partido político es una suerte de intermediario entre la población y el Gobierno en el cual (mediante un proceso de elecciones en el marco de la democracia), se ha delegado la dirección del Estado. En otras palabras, idealmente los partidos políticos son vehículos a través de los cuales puede coadyuvarse a mejorar la vida cotidiana de un país, y no solamente la de algunos individuos o grupos específicos cuyos fines sean personalistas y clientelares. Es innegable que esa institucionalidad que debe caracterizar a los partidos políticos guatemaltecos, en la actualidad, resulta prácticamente inexistente. Los partidos políticos que han formado parte del espectro político nacional a partir de 1985 a la fecha (tomo como punto de partida referencial, por obvias razones, el año aludido), se han caracterizado, principalmente, por un patrón de búsqueda de objetivos cortoplacistas, de índole personalista, y no como parte integral de un proyecto de país cuya finalidad debiera ser, justamente, contribuir al bien común que, según la Constitución Política de la República, es el fin supremo por el cual se organiza el Estado (Artículo 1ero., de la CPRG) […]
