La forma en que procedió la mayoría de diputados que aprobó la nueva ley de Organizaciones No Gubernamentales es un calco de lo que hizo el Pacto de Corruptos que dominó la anterior legislatura, lo cual obliga a la ciudadanía a poner atención a esa nueva conformación de una aplanadora que no tiene empacho ni rubor para proceder de conformidad con esas mañosas prácticas. La iniciativa fue trabajada en el período anterior, no para asegurar transparencia recursos de las en el manejo de los ONG’s, sino para disponer de un instrumento legal que permita cancelar a las que se dediquen a la promoción de los derechos humanos y criminalizar a sus dirigentes.
Nadie puede oponerse a que exista fiscalización de los recursos de las ONG’s y siempre será saludable la auditoría sobre sus fondos y la manera en que son gastados o invertidos. Igual que los partidos políticos, esas entidades tienen que operar de manera transparente para no convertirse en negocios privados de unos cuantos vividores que las pervierten y desnaturalizan. Pero es evidente que el objetivo de la ley aprobada no es el de la transparencia sino impedir que operen algunas organizaciones que se dedican a trabajar en apoyo a sectores de la población que han sido históricamente abandonados o que incursionan en temas que tienen que ver con las deformaciones de nuestra democracia y la corrupción que la corroe.
Los ponentes de la ley son conocidos por su tendencia antidemocrática y autoritaria y la misma refleja esas actitudes. Ni siquiera el descarado último Congreso llegó a reunir los votos para aprobarla, pero de una manera insólita, con una variopinta alianza en la que no se puede pasar por alto la presencia del bloque UCN, partido cuyo líder nacional está en prisión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, jugó un papel de primer orden y fue, como en la elección de Junta Directiva, pivote de la decisión legislativa.
Cierto que también está el partido de gobierno lo que asegura que la presidencia ratificará y refrendará la mencionada ley que, para variar, tendrá que ir a la Corte de Constitucionalidad donde se deberá determinar si infringe la Carta Magna al limitar derechos tan claros como el de libre asociación, el del respeto a los derechos humanos y la facultad que tiene cualquier ciudadano de realizar protestas y expresar su pensamiento.
Poco duró la ilusión de que el relevo de más de cien diputados implicaba depuración. Sigue la misma práctica utilizada por el Pacto de Corruptos aunque haya cambiado el rostro de algunos actores.
