Mariela Castañón

mcastanon@lahora.com.gt

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, once años de ejercicio periodístico en la cobertura de niñez, juventud, violencias, género y policiales. Becaria de: Cosecha Roja, Red de Periodistas Judiciales de América Latina, Buenos Aires, Argentina (2017); Diplomado online El Periodista de la Era Digital como Agente y Líder de la Transformación Social, Tecnológico de Monterrey, México (2016); Programa para Periodistas Edward R. Murrow, Embajada de los Estados Unidos en Guatemala (2014). Premio Nacional de Periodismo (2017) por mejor cobertura diaria, Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP). Reconocimiento por la "cobertura humana en temas dramáticos", Asociación de Periodistas de Guatemala (2017). Primer lugar en el concurso Periodístico “Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, otorgado por la Asociación Pasmo, Proyecto USAID (2013).

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Mariela Castañón
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Hace algunos días, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó sobre hallazgos de electrodomésticos, perros, ventiladores y router para señal de internet y “otros privilegios”, tras una requisa en la Granja Penal Pavoncito. Me parece que las requisas son una medida oportuna y útil, pero inmediata, por lo que valdría la pena enfocar todos los esfuerzos en acciones que permitan construir un nuevo sistema carcelario.

Durante varios años he cubierto el Sistema Penitenciario y he visitado algunas cárceles que me han permitido saber que en buena parte de las prisiones existe este tipo de objetos, que la Ley del Régimen Penitenciario no califica como ilegal o legal, no hay una definición clara. Más bien el ingreso de estos insumos se convierte en un acuerdo entre directores de centros y privados de libertad.

Sí bien es cierto, esta autorización facilita actos de corrupción, porque quien puede pagar logra ingresar distintos objetos, incluso teléfonos, los cuales sí están prohibidos dentro de las prisiones, según la Ley de Equipos Terminales Móviles. Aunado a permitir el ingreso de niñas y mujeres con fines de explotación sexual y trata, armas de fuego y drogas.

Vale la pena destacar que las requisas son importantes y oportunas, pero son medidas fugaces, porque un día les quitan esos objetos a los privados de libertad y en un par de horas recuperan todo de nuevo, debido a la corrupción que está incrustada en el sistema carcelario.

Las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario deben enfocarse en los problemas de fondo que actualmente afectan a las personas detenidas, a la sociedad en general y al sistema carcelario.

Por ejemplo, “la tasa de ocupación en las cárceles es del 360 por ciento y sus niveles son críticos”, explicó recientemente en una entrevista a una radio, Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicos Nacionales (CIEN).

Estos datos se traducen en cifras preocupantes, pues actualmente hay más de 25 mil privados de libertad, pero únicamente hay 6 mil 809 espacios carcelarios.

Esta radiografía demanda planificar infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Esta medida debe ser urgente y buscar la inversión necesaria para tratar de atender uno de los problemas más serios que afecta la seguridad ciudadana, pues esa falta de control permite que algunos reclusos continúen planificando extorsiones, secuestros y asesinatos.

Otro de tantos temas a los que se les debe prestar atención, es la búsqueda fuentes de empleo y estudio para que los privados de libertad puedan ocuparse. No es verdad que todos los reclusos no tienen intención de trabajar, lo que sucede es que no hay en qué ocuparse y lo digo porque he conocido a personas que les piden a otros reclusos limpiar los corrales de los cerdos de crianza para obtener ingresos y ocuparse.

Ojalá se preste atención en este y tantos problemas como la clasificación de reos, situación jurídica y atención en general. La rehabilitación y reinserción se logra cuando hay condiciones.

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