Víctor Ferrigno F.
Elegir a jueces corruptos para administrar justicia, equivale a poner lobos a cuidar a las ovejas. La corrupción más difícil de erradicar es aquella de carácter sistémico; es decir, la que está enquistada en las instituciones, independientemente del corrupto que las encabece. Por ello, debemos estar muy vigilantes ahora que se están eligiendo magistrados de Sala, a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral.
En La Hora y en las redes sociales se han denunciado todas las anomalías que, en el pasado y actualmente, acontecen en los procesos de selección de jueces y magistrados. Es un hecho comprobado que la corrupción campea en la justicia, que la impunidad es generalizada, y que la ciudadanía no confía en jueces y magistrados. Así, es imposible fortalecer un auténtico Estado de derecho y resolver pacíficamente las controversias.
Esta lamentable situación, que es común a la mayoría de los países del continente, aunque con diferentes grados de intensidad, llevó a la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH) a realizar el estudio “Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos”, que fue publicado en diciembre de 2019, donde analiza el fenómeno de la corrupción desde el enfoque de las obligaciones internacionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos. El documento constituye un material de estudio obligado para quienes libramos luchas contra la corrupción y la impunidad.
El estudio aborda temas como la corrupción estructural y sus formas más graves, como la rapiña institucional o la cooptación del Estado; aborda los factores que la facilitan, y el impacto de este fenómeno sobre los DD. HH. y sobre grupos especialmente vulnerables. Además, la investigación plantea principios para una estrategia anticorrupción bajo un enfoque en DD. HH.
El informe aborda con especial énfasis la relación entre corrupción y justicia, haciendo un esfuerzo relevante para diagnosticar el impacto de la corrupción sobre las instituciones y operadores de justicia, proponiendo estándares para el fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas y la transparencia judicial.
En su parte final del estudio, la CIDH establece las bases para usar las herramientas del sistema interamericano en casos donde las violaciones de DD. HH. se encuentran relacionadas con actos de corrupción, y señala la forma en que, desde su mandato, abordará el fenómeno de la corrupción, a través de sus diversos mecanismos de trabajo.
Como el de la CIDH se trata de un material extenso (209 págs.), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), recién publicó un resumen del mismo, intitulado “Independencia Judicial y Corrupción”, el cual reseñamos en esta columna.
La CIDH entiende la corrupción en la justicia como el abuso o desviación de las funciones que desplaza el interés público para obtener un beneficio material o inmaterial, personal o para terceros, dañando la institucionalidad, el Estado de derecho y el acceso a los derechos humanos. Se expresa en sentencias que se apartan de mérito del proceso, demoras injustificadas, pérdida de documentos, y tratos desiguales, entre otras anomalías.
La CIDH propone fortalecer la independencia judicial como una garantía funcional, para asegurar que la administración de justicia pueda cumplir con su función. A mayor independencia, dice, mayores condiciones de controlar los otros poderes estatales, combatir adecuadamente la corrupción y garantizar la igualdad en el proceso judicial.
En Guatemala lo anterior suena lejano, si consideramos que la mora judicial en el Ministerio Público supera el millón de casos, y la impunidad por delitos de corrupción alcanza el 98.75% (CICIG, 2019). Sin embargo, hay que recordar a Pepe Mujica, quien sentencia que “Los únicos derrotados son los que bajan los abrazos; la derrota es un estado psicológico de la vida”.
