Adrian Zapata

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Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

El presidente Giammattei ha reafirmado la prioridad que tendrá durante su gobierno la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Los indicadores que al respecto existen en nuestro país son una vergüenza nacional, pocos países se comparan con ellos. Las consecuencias de tal situación son obviamente dramáticas. Cuando a nivel nacional casi la mitad de los niños menores de 5años vive en tales condiciones y en el área rural el porcentaje es aún muy superior, no cabe duda que Guatemala es un Estado fracasado.

Los niños y niñas afectados por la desnutrición crónica padecen daños cerebrales irreversibles que limitarán sus posibilidades de desarrollo para el resto de sus vidas. Padecerla es equivalente a sufrir condena a una pena perpetua.

Sin duda que la decisión del Presidente es altamente acertada y oportuna.

Sin embargo, no podemos dejar de considerar que no es la primera vez que se expresa esta propuesta. Sandra Torres impulsó los programas sociales con este propósito. Otto Pérez Molina proclamó el Pacto Hambre Cero con las mismas intenciones. Pero la situación no se modificó significativamente.

Por ello, es difícil que Giammattei encuentre suficiente credibilidad. La reacción ciudadana más común puede ser calificada como una promesa sin esperanza de cumplimiento. Y esto es grave, porque enfrentar la desnutrición crónica infantil requiere de un compromiso nacional en el cual, si bien el Estado debe estar al centro, la convergencia social al respecto debe ser contundente. Mi opinión es que el nuevo Presidente merece no sólo credibilidad en su intención, sino que también todo el apoyo posible para que lo logre. Es una ventana de oportunidad que la conciencia ciudadana debe convertir en una ancha puerta de acción conjunta.

Ahora bien, a mi juicio, la viabilidad de esta propuesta tiene dos dimensiones, una política y otra técnica. La primera es fundamental y debe provenir del máximo nivel del poder estatal, la Presidencia de la República y su Gabinete de gobierno. La segunda requiere un conocimiento de lo que al respecto se ha intentado, hasta ahora de manera infructuosa, en Guatemala y de los logros que al respecto se han obtenido en otros países, especialmente latinoamericanos.

Es fundamental que la prioridad política que ha sido ya expresada por este gobierno se ejecute con una visión que supere el abordaje de la desnutrición únicamente desde la perspectiva de salud pública. Es esencial que se asuma con una visión multisectorial, que involucre salud, educación, protección social (programas sociales), infraestructura vial y productiva, y programas económicos productivos, especialmente los relacionados con agricultura familiar y emprendimientos de micro y pequeña empresa. Y, por supuesto, priorizando las áreas rurales donde la desnutrición es gravísima.

Alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional que permita enfrentar con éxito la desnutrición implica enfrentar la pobreza y, en esencia, el desarrollo, especialmente el desarrollo rural territorial. Sin esta concepción no habrá logros significativos y los pocos que se puedan alcanzar carecerán de sostenibilidad.

Acojamos la propuesta presidencial con entusiasmo. Exijamos su efectivo cumplimiento y “juntémonos todos”, como dice Giammattei.

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