Hay hechos que no se pueden justificar pero que se tienen que entender con toda claridad para emitir juicios de valor. La amenaza formulada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele al Congreso, tras convocarlo sin respuesta para que conociera un préstamo destinado a retomar el control territorial frente a las maras, tiene fundamento en que la Asamblea Legislativa de ese país anda como nuestro Congreso, donde los diputados usan sus cargos para beneficios personales y chantajean para que cada voto les rinda pisto. Bukele no tiene una bancada fuerte porque los dos partidos tradicionales tienen el control de la Asamblea, no obstante que su expresidente, del FMLN de izquierda, anda prófugo en Europa y su familia ha sido capturada por lavado de dinero, mientras que uno de los más prominentes diputados de ARENA, de derecha, fue captado en videos negociando con los jefes de las maras.
Objetivamente hablando, ¿Qué pueblo va a defender a un Congreso con un perfil como el que tiene el de El Salvador o el que tiene el de Guatemala? Por supuesto que tenemos que reconocer que se trata de un manotazo a la Constitucionalidad y que se destruye la democracia, pero honestamente también cabe preguntarnos si esa clase de diputados son realmente fruto de una verdadera democracia.
Siempre dije que si Serrano, en su momento, en vez de actuar con ese autoritarismo tan suyo hubiera convocado al pueblo para que respaldara sus acciones, seguramente consolida el manotazo que estaba dando porque en aquel tiempo la gente estaba harta del comportamiento de algunos de los diputados y de algunos de los magistrados. Tanto así que después, en tiempo de Ramiro de León Carpio, fue clamor el de la depuración del Congreso, que se logró a medias tras la reforma constitucional que redujo el período del Presidente y de los diputados de cinco a cuatro años.
El problema es grave cuando se distorsiona tan seriamente el modelo democrático y se produce la captura del Estado que realizan los corruptos, tanto en la arena política como en la de los negocios. No se puede apelar a un absoluto respeto a la democracia cuando la democracia no es absoluta sino que ha sido persistentemente prostituida al punto de que el Estado mismo perdió la capacidad de cumplir con los fines esenciales que le asigna la Constitución de la República.
La construcción de la democracia demanda la depuración de la clase política y el fin de ese aprovechamiento que se hace de la función pública para beneficio privado. Los pueblos lucharán por defender sus instituciones democráticas si las mismas son, efectivamente, instrumentos al servicio del bien común y de las necesidades e intereses de la población. Pero cuando vemos Estados que son incapaces de impulsar siquiera una política pública de beneficio común, porque los actores de su “democracia” andan viendo cómo se hartan con los recursos públicos, quién puede apelar al pueblo para que muestre su compromiso y defienda una institucionalidad de pacotilla.
Pero en medio de almuerzos gratis, computadoras, celulares, seguros de vida y jugosos salarios, es obvio que todos ven la tempestad pero no se arrodillan.
