Muchas de las democracias latinoamericanas se mantienen en crisis permanente y en la mayoría de casos ha sido la corrupción el elemento que más las ha debilitado, al punto de que los ciudadanos tienen poco respeto por las llamadas instituciones democráticas cuando éstas se convierten en parapeto de los corruptos para aprovechar su posición de poder para beneficio propio. Desde la última parte del siglo pasado las dictaduras fueron cediendo ante el empuje de aperturas políticas que permitieron a los pueblos elegir libremente a sus autoridades. Pero casi desde el inicio de esa transformación regional se presentaron los primeros problemas y fue en Perú donde se produjo el primer acto de autoritarismo cuando el presidente Fujimori disolvió el Congreso bajo argumentos de corrupción, acción imitada en breve lapso por Serrano que hizo lo mismo en Guatemala no sólo con el Congreso sino con la Corte Suprema de Justicia.
Hoy es El Salvador el que entra en esa senda con un Presidente que tiene apoyo popular y que demanda de la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo para retomar control territorial ante la violencia e inseguridad ciudadana. Los dos partidos tradicionales, el conservador ARENA y el izquierdista FMLN actúan aliados para entorpecer mañosamente la agenda del Presidente, no obstante el rechazo que mostraron hacia ellos los electores luego de escándalos de corrupción que salpicaron a ambas fuerzas políticas. Y el presidente Nayib Bukele, con base en la Constitución convocó al pleno para conocer el tema por ser asunto de interés nacional y advirtió que el pueblo tiene derecho a la insurrección, de acuerdo con la Carta Magna, lanzando una dura advertencia al Congreso.
El tema no nos es ajeno, no sólo por el antecedente del Serranazo sino porque nuestro propio Congreso le ha dado ya muchas veces la espalda a los intereses de la población en temas tan puntuales como las reformas pro impunidad que fueron aprobadas en el período anterior y por las evidencias que está dando el actual en medio del debate sobre las prebendas que se recetan los diputados, entre otras muchas cosas cuestionables y altamente criticables.
La ruptura constitucional es un camino torcido, como lo comprobó Perú con las consecuencias de la acción de Fujimori y Guatemala con el manotazo de Serrano Elías. Pero con Congresos desprestigiados por las acciones corruptas, son los mismos diputados los que ponen en gravísimo riesgo la institucionalidad porque alientan actitudes autoritarias que, tristemente, tienen respaldo popular porque la gente se va desencantando ante el sucio comportamiento de sus representantes, atrapados por la corrupción.
