Marco Trejo
Finlandia es uno de los países donde se vive mejor y donde la corrupción está casi ausente en los casos judiciales, ha sido exterminada. Esto porque todos cumplen y respetan las leyes, desde los ciudadanos comunes y corrientes hasta los funcionarios públicos, léase Presidente, Legisladores, Ministros, dirigentes y sociedad civil, entre otros.
Ese respeto por el dinero de los impuestos sería importante que pudiéramos imitar, Suecia no se queda atrás y la percepción de corrupción en el sector público es bajísima, aunque en el último semestre subieron los casos, pero no varió la posición en el ranking de la entidad Transparencia Internacional (TI).
Guatemala se ha mantenido en el puesto 145 de 180 países evaluados, unos más unos menos, pero su percepción es alta, aunque entre los países centroamericanos estamos mal, nos supera en corrupción Nicaragua y El Salvador. Mientras que Costa Rica, Honduras y Panamá se encuentran en mejores posiciones en el combate a este flagelo que afecta desarrollo en temas de salud, educación, alimentación, empleo e infraestructura.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), publicó recientemente los datos que nos colocan en una posición delicada ante los ojos de países como Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda donde la corrupción en el sector público es muy baja los casos que se presentan.
La entidad destaca que Guatemala, ubicado por debajo del promedio mundial y regional (puesto 43), no ha hecho en sus legisladores las reformas necesarias para combatir la corrupción de una manera eficiente y sistemática. Aunque con la toma de posesión del nuevo mandatario Alejandro Giammattei, se ha impulsado una Comisión Presidencial para combatir este flagelo. Veremos qué pasa y en qué avanzamos, porque el mismo Presidente constitucional ha dicho que no quiere ser recordado como uno del montón.
Estos informes internacionales destacan que dentro de la sociedad guatemalteca existe mucho descontento por la forma como es manejado el erario público, donde se queda plasmado el abuso de poder por parte de los politiqueros de siempre y la falta de transparencia para rendir cuentas, lo cual hace que nadie crea en los funcionarios públicos que deberían de ser un ejemplo para la sociedad.
Pero lamentablemente somos un país donde los políticos llegan al poder para servirse de los impuestos y no para lo que fueron electos. En esta sociedad ser funcionario público es sinónimo de nuevo rico, ese administrador público que cree que puede hacer lo que le viene en gana con el dinero del Presupuesto de la nación. Pero todo eso pasa porque tenemos una Contraloría General de Cuentas debilitada y apachurrada, que no tiene el menor músculo para corregir a los malos burócratas que hacen de las suyas.
En los últimos días se ha debatido en los medios de comunicación social el tema de las prebendas parlamentarias donde se habla de millones que se recetan los diputados al Congreso de la República, donde han pasado Padres de la Patria del calibre del Manuel Giordano, quien pagaba facturas de comida por Q24 mil para ir a degustar mariscos con sus colaboradores de bancada. En vez de pagar de su bolsa esos alimentos que fueron pagados a nombre del Congreso de la República.
El diputado Giordano estuvo ocho años como parlamentario y ese tiempo se le recuerda por promover la Ley del Número Único de Emergencias y como parte negativa la Ley que buscaba Redención de Penas para los sindicados de corrupción. Ese es el legado del que pudo ser el congresista más joven de la historia de Guatemala, pero que la desperdició de la manera más infantil porque va a ser recordado por nefasto en su paso congresil.
Esto hace que la ciudadanía se ponga indignada y se manifieste contra este tipo de abusos que con la llegada de la novena legislatura se ha encendido el tema de que, si se le debe dar de comer o no a los diputados para ir a sesionar, también se ha puesto a la palestra el tema del seguro médico y la indemnización para los que no fueron reelectos.
Esto viene a destapar un tema de austeridad en un país donde cada día mueren entre cuatro o cinco niños por desnutrición, según cifras de entidades internacionales que velan por los índices de desarrollo humano. Muchos expertos en el tema legal y social se han manifestado, unos a favor y otros en contra, de estos excesos, pero Juan Pueblo (el ciudadano común y corriente), está en desacuerdo de que sus impuestos sean utilizados para mantener a los congresistas y más cuando no dan señas de que hicieron algo positivo para el desarrollo del país.
