Es encomiable la actitud ciudadana tras el cambio de gobierno, en el sentido de que se nota una gran coincidencia respecto a la sentida y profunda necesidad de transformar a nuestro país y aunque no exista debate, mucho menos acuerdo, sobre el tipo de cambio que cada quien desea, lo cierto del caso es que casi nadie está contento con lo que tenemos y, salvo los beneficiarios del sistema, todo el resto de la población expresa y alienta esos deseos de cambio, dando muchos el beneficio de la duda al nuevo gobierno del doctor Giammattei, a la espera de que sus acciones se plasmen en emprender la ruta que nos permita salir del estancamiento social en el que apenas los actores de la corrupción se benefician, todo ello en perjuicio del resto de la gente que en muchos casos retrocede en términos de calidad de vida o, si tiene algo de suerte, apenas si la conserva o percibe mínimas mejoras.
Pero en lo que tenemos que coincidir es que todos los sueños y aspiraciones, así como los planes que tenga el gobierno, se estrellan con el muro de la corrupción que es el que mantiene capturado al Estado guatemalteco al punto de haberle trastocado por completo sus fines esenciales. Nadie duda de la necesidad de implementar políticas en materia de salud, educación y seguridad, para empezar, además de enfrentar con inteligencia y razón el serio problema de la migración atendiendo sus causas inmediatas. El problema está en que no disponemos de instituciones dedicadas a enfocarse en esos y otros problemas porque la prioridad número uno desde hace mucho tiempo es hacer negocios que van desde la compra de medicamentos hasta la producción de los útiles escolares, para hablar apenas de dos formas de saqueo que existen en salud y educación.
El gobierno ha creado una Comisión Anticorrupción, sin duda porque entienden la dimensión del problema, pero hace falta no sólo definir su campo de acción, sino ampliar la participación para que la ciudadanía pueda también estar representada en ese nuevo espacio. No se trata de una comisión tipo la CICIG, es decir de investigación para castigar la corrupción y desmantelar los cuerpos clandestinos que le sacan provecho, sino de un ente llamado a plantear reformas administrativas y legales que permitan rescatar a la Nación, y eso no lo pueden hacer únicamente los funcionarios que se reunirán cada tres meses porque es muy probable que antes de la primera sesión ya alguno de los integrantes haya probado las mieles de la corrupción y no tenga el menor interés en combatirla.
La ciudadanía no puede quedar al margen y sin duda que la opinión pública tendrá que estar muy activa para hacer que el esfuerzo fructifique, pero, además, es conveniente que con esa mentalidad de la que habló el nuevo Presidente, cuando dijo que debemos dejar de estar peleando para unirnos para trabajar por un mismo objetivo, se haga una convocatoria a sectores que se han identificado con la lucha contra la corrupción y que entienden la necesidad de reformas en los proceso de compras y contrataciones, además de otros cambios hasta en la legislación política, para acabar con el latrocinio y el saqueo.
