Félix Loarca Guzmán
Durante el gobierno de Jimmy Morales se montó una conspiración en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, como represalia por los recursos legales que dicho funcionario promovió en las Cortes de Justicia, para impedir la expulsión del Embajador de Suecia y del Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, (CICIG).
La campaña para perjudicar al Magistrado de Conciencia llegó al extremo de impulsar diversas maniobras en el Congreso, para destituir a ese funcionario, porque les molestaba su actuación independiente en defensa de los derechos humanos y del orden constitucional.
En el Congreso, varios diputados vinculados con el oficialismo, estuvieron craneando la forma de “salir” del molesto Procurador que se había constituido en un valladar ante el torrente de ilegalidades que caracterizaron a ese régimen que continuamente abusó del poder.
Menos de quince días después de la toma de posesión de gobierno del Presidente Alejandro Giammattei, el Vicepresidente Guillermo Castillo, en un gesto que lo honra mucho, llevó a cabo un acercamiento con el Procurador de Derechos Humanos, en un plano de enorme respeto, anunciándole la disposición de brindarle todo el apoyo posible.
Como reflejo de las buenas intenciones expresadas por el Vicepresidente Castillo, en los círculos del Congreso de la República, se anunció el propósito de buscar una solución inmediata, para la erogación de veinte millones de quetzales, que el Procurador ha venido gestionando para el pago del aguinaldo y salarios del mes de diciembre pasado que corresponden a 700 personas que integran el personal de esa institución.
Sin duda, el respeto a la institucionalidad del país y en este caso concreto, el respaldo al trabajo del Procurador de los Derechos Humanos, permite colegir que el marco de arbitrariedad que fue tan común durante el gobierno pasado, ha quedado atrás.
Casi al mismo tiempo se conoció la decisión del Presidente Giammattei de reinstalar en la Policía Nacional Civil a varios funcionarios de carrera que, sin justificación alguna, fueron removidos durante el gobierno anterior.
Como recordarán los estimados lectores, la policía había mejorado ostensiblemente durante la gestión del Director Nery Ramos, quien se caracterizó por el respeto a la ley y particularmente a los derechos humanos. Ahora el gobierno confirmó la decisión de contratar a algunos de los integrantes del equipo del señor Ramos, lo cual ha sido bien recibido por la opinión pública.
Pero como no todo es miel sobre hojuelas, a estos actos positivos del nuevo gobierno, se añade una decisión poco afortunada, como la de haber ordenado la suspensión temporal de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. En este caso, se trata de una medida para quedar bien con la potencia del Norte, especialmente con el Presidente Donald Trump. El gobierno de Guatemala debería impulsar una política de no injerencia en los asuntos internos de los otros países, pues con ello puede contribuir a la construcción de la paz en la región.
