Víctor Ferrigno F.
Ayer, el Presidente de la República anunció la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, mediante el Acuerdo Gubernativo 28-2020, un organismo creado para incidir exclusivamente en investigaciones relacionadas con el Ejecutivo.
Llama la atención que la referida comisión no involucra ni al Ministerio Público, ni a la Contraloría General de Cuentas, ni a la sociedad. El mandatario adujo en conferencia de prensa que no involucró a las dos primeras dependencias, para no violentar su autonomía funcional. Espero que no se enoje, pero lo asesoraron mal. Ambos organismos del Estado podrían haber participado en un esfuerzo conjunto contra la corrupción, sin desnaturalizarse. Era cuestión de formular bien el acuerdo.
Sobre la no participación de la sociedad civil en la Comisión no dijo nada; parece ser que para él la ciudadanía organizada no existe o no cuenta. Sin embargo, puedo asegurarle que sin ella los logros serán magros. Los servicios de seguridad de Israel y Cuba son de los mejores del mundo, porque reciben apoyo de la ciudadanía, no porque tengan el mayor presupuesto.
Además, dotará a la Comisión con apenas diez millones de quetzales, cuando el Icefi estima que la corrupción genera una pérdida de recursos equivalentes al 2.1% del PIB, lo que equivale a 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República; 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia y seguridad pública; 94% del presupuesto del ramo de salud; o, 60% del presupuesto del ramo de educación, por poner algunos ejemplos. Más específicamente, dice, la corrupción representó 379 mil personas sin acceso a protección social, o 1.2 millones de niños y niñas sin alimentación y salud escolar, o más de medio millón de vacunas sin aplicar.
Sin ánimo de descalificar la iniciativa presidencial, pareciera que quiere enfrentar a un monstruo de mil cabezas, con un instrumento sin andamiaje ni respaldo institucional, sin apoyo social, y con muy poca plata. No queremos que Giammattei fracase en este esfuerzo, pues con él perdemos todos, pero no veo cómo podría ganar esta batalla. Pero aún está a tiempo de rectificar y enfrentar al toro por los cuernos.
Me permito recordarle, doctor Giammattei, que la madre de la corrupción es la impunidad, y ambas hicieron metástasis en el aparato estatal. Por ello no se las puede enfrentar con paños tibios.
En agosto del año pasado, se presentó el estudio “Impunidad y Redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala”, el cual levantó un revuelo inmediato, pues devela cómo operan las redes ilícitas, y quiénes son sus principales operadores en los ámbitos jurídico y político. El investigador principal del estudio es Harald Waxenecker, historiador con 20 años trabajando en Centroamérica, quien contó con el apoyo de las Fundaciones Myrna Mack, de Guatemala, y Heinrich Böll, de El Salvador.
Mediante el análisis de 51 casos judiciales de corrupción e impunidad, el estudio identificó a más de 60 estructuras criminales operando hasta en las más altas instituciones del Estado entre el 2007 y 2018. “Es una realidad histórica de desigualdades de poder y riqueza, que se reproducen en la impunidad”, sostiene Waxenecker. De ese tamaño es el tumor social que nos corroe y asfixia.
Finalmente, le dirijo la pregunta: Si de veras quiere enfrentar la corrupción y la impunidad, si no está tendiendo una cortina de humo, ¿por qué no refrenda el acuerdo con la ONU, y reactiva la CICIG? El Pacto de Corruptos se le tiraría a la yugular, pero si nada más está amagando con que le tira machetazos al aire a la cascabel, el pueblo no se lo va a perdonar, lo va a enfrentar, y usted ya sabe cómo lo van a recordar.
