Por más efectivas que puedan ser las medidas que se adopten para enfrentar la violencia que afecta tanto a la población, en la medida en que no dispongamos de un Sistema de Justicia efectivo y ajeno a las componendas pro impunidad, todo saldrá sobrando porque hay que entender que cuando se crea un modelo poroso que permite aplicar la justicia selectivamente para no afectar a los más poderosos, de hecho se está debilitando todo el modelo y ello hace que, por miedo o por corrupción, los juzgadores se sientan más inclinados a extender la chamarra de la impunidad cuando conocen casos relacionados con el clima de inseguridad y violencia.
La exigencia de un nuevo modelo de justicia en el país, que erradique los vicios y mañas que ocurren en el proceso de selección de las máximas autoridades, empezando por la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, no es un capricho sino producto de la experiencia que demuestra las enormes deficiencias que tenemos en la operación de las entidades a cargo de la administración de justicia en Guatemala. Es cierto que le ponemos más atención al manoseo que realizan los grupos de poder para asegurarse su propia impunidad, pero tenemos que entender que cuando se debilita toda la estructura se dejan puertas abiertas para que otros, que no son los más poderosos o quienes se sienten dueños del país, también le saquen raja al pervertido régimen.
Las acciones durante el estado de Excepción en dos municipios del país y la denuncia formulada públicamente por el presidente Giammattei sobre la actitud del Juzgado de Mixco cuando se solicitaron órdenes de allanamiento para proceder contra grupos de crimen organizado, es una evidencia de lo que estamos apuntando. No existe el estímulo para los juzgadores de menor jerarquía si ellos saben que sus superiores están al servicio de la impunidad y en esas condiciones se ven más propensos a actuar de la misma manera, sobre todo cuando se trata de accionar en contra de grupos delincuenciales que tienen alta capacidad de fuego.
Necesitamos, con urgencia, reformar profundamente nuestro modelo de justicia, empezando por la forma en que se elige a las autoridades, terminando con esas Comisiones de Postulación que se prestan y facilitan a operadores del mal incidir en la elaboración de los listados, incluyendo no a los mejores sino a los que garantizan la impunidad para aquellos sectores que históricamente no han tenido que enfrentar a la justicia en Guatemala y eso es lo que debemos erradicar con una reforma constitucional profunda.
