Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Un exfuncionario nombrado por Jimmy Morales llegó a La Hora y cuando abordamos el tema de los procesos del expresidente y su familia, me dijo: pudieron haber negociado. Tras esa frase le pregunté ¿qué hubiéramos dicho todos si el Presidente sale y dice que los fiscales lo están presionando para que apoye la reforma al Sector Justicia, por ejemplo, a cambio de entretener el caso de su hijo y de su hermano?
Tiene toda la razón fue su respuesta y la verdad es que yo no toleré actos reñidos con la ley en la institución que dirigí, me dijo, porque hay cosas que no se pueden ni tolerar ni negociar, sentenció. En el caso de la justicia, quien colabora o quien acepta, puede negociar algunas cosas y eso es válido, pero nunca se puede condicionar sacar o no sacar un caso por X o Y razón y eso mucha gente, convenientemente, no lo quiere entender.
Y traigo esto a colación porque ese fue el punto de partida para la expulsión de la CICIG y la declaratoria de guerra del Gobierno en contra de Thelma Aldana. En mayo del 2018, Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras y me recuerdo como si fuera hoy, cuando un empresario, señalado en el caso del Presidente, dijo “dicen que la mejor es Consuelo Porras”, en una reunión que hicimos con unos amigos para explicarles por qué no se debían dejar llevar por el miedo que les estaban infundiendo.
Ya con Porras marcando distancias con la Comisión y con Velásquez, tolerando como si nada la expulsión que desobedeció a la Corte de Constitucionalidad (CC), Morales se fue sintiendo más tranquilo. En enero de 2019 intentó sin éxito la expulsión inmediata de la CICIG, pero ya sabía que más allá de septiembre no iban y aumentaron el asedio a la CC como parte del plan.
Y tan solo dos meses después de esa jugada, Morales creó una sociedad anónima que con complicidad de varios logró mantener oculta en el Registro Mercantil y por tanto en Guatecompras. Usó un abogado contratado por la Presidencia, un contador al que Finanzas también contrató e hizo socio a un SAAS con un porcentaje mayor al resto de accionistas individuales.
El 14 de enero, el hermano de Morales y especialista en dar facturas para aparentar otra cosa, se puso pálido cuando los reporteros le preguntaron por la sociedad, lo que terminaba de confirmar que la misma se hizo para algo chueco. Hacer una S.A. no es delito, que quede claro.
Tras la publicación de La Hora, personas que sabían el resto de la canción alertaron a elPeriódico y salió a luz que el “machito” ahora hace puros y que para eso gestionó que su Gobierno le diera Q1 millón y piquito a un grupo en relación con el SAAS para que los ayudaran con las hojas con las que envuelven los puros.
Quizá Morales aprendió en el almuerzo de la gallina con loroco eso de mandar puros con las iniciales, pero más allá de eso, lo que no se vale es usar fondos públicos para llevar a cabo un negocio privado en el que además se usó una S.A. que se constituyó con gente que paga el Estado. Morales dijo que los abogados son carísimos y de plano por eso usó gente que todos pagamos.
Y traigo todo esto a colación porque Morales se atrevió a hacerlo sabiendo que Consuelo Porras es su aliada, que su “vigilancia” convertida en complicidad la hace no mover un dedo y por eso asignó a una Fiscalía muy ineficiente el caso.
Cada vez son más las evidencias que desnudan el papel de Porras y cuando un nuevo Presidente habla de su lucha frontal contra la corrupción, debe saber que, si hay algo que involucre al presidente anterior o sus más cercanos colaboradores, la fiscal tiene un pacto que ha honrado hasta el día de hoy y así es imposible construir un verdadero Estado de Derecho.
