David Barrientos
Guatemala se encuentra ubicada en una plataforma interoceánica e interamericana que potencia el estado de violencia en el que vivimos, pero también vigoriza una serie de oportunidades desaprovechadas hasta ahora. El combate a la violencia en el país debe responder a la integralidad de acciones, principalmente de los organismos del Estado; la limitación de garantías está por demás justificada, sin embargo, solo la represión y/o persecución no son suficientes elementos para disminuir la vorágine de inseguridad; la reducción de la pobreza es primordial y prioritaria, la creación de oportunidades para los habitantes en general es clave elemento para la convivencia pacífica.
El estado de Prevención decretado por el Presidente de la República, a pocas horas de su toma de posesión, es un sinónimo de voluntad política para enfrentar el tema de la inseguridad que se vive en muchas áreas pobladas del país, es también una muestra de un plan estratégico debidamente concebido que sin duda no se conocerá anticipadamente por la naturaleza de acciones a desarrollar basadas en inteligencia criminal. Lo cierto es que en los municipios donde se limitaron las garantías, desde hace muchos años se vive bajo el terror, grupos al margen de la ley imponen la propia, ante la mirada de las autoridades que se ven rebasadas o limitadas en su accionar, un tema grave, ignorado por mucho tiempo o tratado sin la energía estatal para resolverlo, por esa razón, los afectados directamente por esta violencia, ven con esperanza el accionar gubernamental, mismo que requiere del apoyo de todos los guatemaltecos, sin distingo de clase, ideología, o corporación a la que se pertenezca.
Tal decisión es un reto de grandes proporciones para la actual administración, la criminalidad ha crecido considerablemente, la dominación de territorios a través del terror es una realidad en ese sector; una decisión que encontrará una serie de tropiezos y dificultades, como la falta de compromiso de algunos actores y sectores que ven con escepticismo las medidas adoptadas; el riesgo al que se exponen las autoridades y agentes estatales en general, (Policía, Ministerio Público y Ejército) integrados por guatemaltecos que deben accionar dentro del marco de la ley, pero que deben estar protegidos en su delicada labor y soportados al más alto nivel.
Existe también la tendencia del uso de la fuerza militar de manera permanente en la seguridad ciudadana, desgastando al mismo Ejército y distrayéndolo de su función natural que es la defensa y seguridad exterior hoy tan debilitada y con alto grado de porosidad; el uso de la fuerza militar para ser efectiva en la seguridad ciudadana debe ser excepcional y muy temporal.
En fin, hay esperanza por el accionar de las fuerzas de seguridad y de persecución penal, la aceptación es generalizada, pero también hay mucha expectativa de los resultados, mismos que seguramente empezaremos a notar en el transcurso del tiempo, la criminalidad ha crecido de tal manera que tampoco esperemos milagros. Es imperativo que el Ejecutivo mantenga los canales de comunicación con la población en general para exponer los resultados y los inconvenientes que se presenten, la población entiende perfectamente cuando se comunica con transparencia y honestidad.
