Julio García-Merlos G.

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Julio García-Merlos
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En Guatemala es una conducta estatal muy lamentable la de criminalizar errores en los procesos de importación. Esto no es nuevo, es una costumbre que se ha ido arraigando con los años y hace mucho daño a la economía del país.

Un caso típico es cuando un importador solicita a sus proveedores que sus productos sean enviados a un transportista en un puerto para que este consolide la carga y la envíe a Guatemala. Es común que en el proceso de consolidación se cometan errores como no enviar la totalidad de las facturas de los productos consolidados o confundir los productos de distintos clientes. Estos errores son muy comunes debido al dinamismo de las transacciones comerciales y la logística de importación.

Es fácil diferenciar cuando se trata de un error a cuando hay intención de defraudar. Cuando se trata de un error existen explicaciones satisfactorias. A manera de ejemplos, por lo general se dan situaciones similares a estas: A. El consolidador demuestra que la importación total eran diez máquinas, las cuales se empacaron en cinco bultos, por lo que el error consistió en enviar únicamente la factura de cinco máquinas, sin percatarse que por cada bulto iban dos. B. Existen abundantes correos electrónicos entre el consolidador, importador y agente aduanero, que soportan la operación y el error. C. Al revisar el historial del importador, se puede determinar que ha tenido una conducta tributaria apropiada en varios años y que los montos de impuestos afectados por el error son insignificantes, comparados con el volumen de importación y pago de impuestos del contribuyente. D. En ocasiones los errores provocan que se paguen más impuestos de lo que se debió pagar, con ello es obvio que no había intención de defraudar.

A pesar de que, en el día a día de las importaciones se cometen estos errores sin intención de defraudar, la actitud de la administración tributaria es no permitir la rectificación de las declaraciones aduaneras y denunciar penalmente al importador. Esto genera dos grandes problemas para el importador, la mercadería se quedará años en aduanas y se tiene que defender de un proceso penal. Esto no afecta solo al importador, sino a todo el país porque hace lento y engorroso el comercio, no nos hace competitivos y destruye valor. Supongamos que son bienes perecederos, estos se deterioran antes de solventar los problemas legales, si son bienes de temporada, los mismos no estarán a tiempo, si es un producto esencial para continuar la operación de una empresa, tendrá que volverse a comprar, porque la empresa depende de él para continuar sus operaciones.

La actitud de la administración tributaria tiene explicaciones: Una puede ser por corrupción, la autoridad aduanera al percatarse del error, amenaza al importador que, si no paga el soborno, lo denunciará. Otra puede ser el temor de la autoridad aduanera de que crean que es corrupto y prefiere lavarse las manos denunciando ante el Ministerio Público.

Es muy importante que el gobierno promueva mesas técnicas en donde se discutan estos problemas y se generen soluciones que nos permitan ser eficientes en los procesos de importación, esto agilizaría el comercio, evitaría la destrucción de valor y recargaría menos al Ministerio Público y juzgados de casos infundados e irrelevantes. Cuando nos preguntamos, ¿por qué Guatemala es pobre?, este es un ejemplo.

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