Fernando Mollinedo C.
En Guatemala aumentan las amenazas y asesinatos de los activistas, defensores ambientales de ríos y de la tierra; es común ver la judicialización de quienes defienden su derecho a sobrevivir en su territorio con el agua que brinda la naturaleza.
Las denuncias sobre violencia, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes campesinos son frecuentes y no pasan de ser “investigadas” por las autoridades y se quedan traspapeladas ¿a petición de parte? ¿quiénes son los más interesados en que estos crímenes queden impunes?
La Madre Tierra no es un concepto ladino u occidental que se utilice para referirse al mundo vegetal y mineral que proporciona la vida al ser humano y animales; son las palabras utilizadas por el conglomerado rural, indígena o natural que habita Latinoamérica, el cual lleva consigo el respeto hacia la primigenia fuente de vida.
Algunos políticos en su crasa ignorancia se mofan cuando los campesinos e indígenas utilizan estas palabras para indicar que defienden su derecho a la vida ante las exclusiones, apropiaciones y despojos de los terrenos que por varias generaciones han ocupado y que, en contubernio con las leyes y autoridades, algunos terratenientes, industriales y empresas extranjeras pretenden hacer suyas.
Se mencionan proyectos relevantes para construir más hidroeléctricas que afectarían gravemente por la utilización del vital líquido para su funcionamiento en los territorios escogidos, sin que les importe que dichas corrientes de agua abastezcan varias comunidades ubicadas después de donde se pretende construirlas; en algunos casos, las hidroeléctricas han secado prácticamente los ríos en detrimento de la población.
No son proyectos nuevos, son estratégicos para los intereses de transnacionales extractivas, energéticas y de agronegocios de los empresarios que esperan ser autorizadas por el nuevo Gobierno. Por ello, los campesinos tienen una historia que no es sólo la resistencia al desarrollo tal como los empresarios desean que se vea; es el ejercicio del derecho natural a vivir con el mínimo de dignidad contra la explotación indiscriminada de las fuentes de vida.
Los impactos ambientales, de salud y otros que tampoco se discuten, son sólo una parte de los efectos negativos en las comunidades y sus culturas; eso no se pone a discusión en ninguna consulta, pues en lugar de escuchar qué es lo que quieren realmente los pueblos indígenas, los gobiernos anteriores trataron de imponer los proyectos con información parcial o falseada.
No tardarán en presentar a las nuevas autoridades tales proyectos envueltos en paquete nuevo y con sello de desarrollo acompañados de simulaciones de consulta positiva a las comunidades que posiblemente sean afectadas y que han sido acusadas de conservadoras y radicales por resistido por décadas al despojo a su derecho a la vida, es decir: el agua.
En los gobiernos anteriores existió la presunción oficial de que los indígenas son reacios al progreso (al igual que en el tiempo de la conquista) construyendo sobre los pueblos afectados y opositores, una imagen de enemigos del Estado que justifica su asesinato y dejar vivos a los sumisos.
