El martes se ejecutó al pie de la letra el plan fraguado por el Pacto de Corruptos para proteger a Jimmy Morales ante las acusaciones que pesan sobre él y que debieron obligar al Ministerio Público a actuar con diligencia para impedir que se burlara la ley. Mientras la Fiscal General asentía y sonreía cuando Giammattei le decía públicamente en el Teatro Nacional que contaba con ella en la lucha contra la corrupción, su fiscal de asuntos electorales deliberadamente entretenía la nigua para asegurar que se pudiera concretar la jugada largamente planificada por los diputados afines y el ministro de Gobernación.
Los tiempos de la Fiscal General no son los tiempos procesales y eso se vio con los dos raseros que utilizó para los casos que involucraron a dos candidatas presidenciales. Veloz y contra el tiempo accionó para asegurar el inicio del proceso penal en contra de su odiada Thelma Aldana para impedir que fuera inscrita como candidata presidencial. Lenta y perezosa, detuvo el inicio del proceso contra su amada Sandra Torres para garantizar que pudiera gozar de inmunidad gracias a su inscripción como candidata presidencial.
Anoche firmó, junto a sus aliados de la Contraloría de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación, un “convenio” interinstitucional con la Presidencia de la República para cumplir con su deber. No hacía falta convenio alguno para asegurar la persecución penal que es su gorda obligación constitucional, como lo es de la Contraloría velar por la transparencia del gasto, aunque se dedicó a servir de instrumento para descabezar a los enemigos del Pacto de Corruptos, así como la Procuraduría, que debe velar por los intereses nacionales, pero en vez de eso actuó como abogado de las causas personales de Jimmy Morales para evadir la justicia.
Todo lo que ofreció Alejandro Giammattei sobre la corrupción depende de lo que sea capaz de hacer Consuelo Porras y sus antecedentes no auguran nada bueno, especialmente al comprobarse que el Fiscal Curruchiche se conformó con pensar que “materialmente no era posible” solicitar la orden de captura contra Jimmy Morales, excusa perfecta para cumplir con el compromiso de impunidad adquirido en evidente fraude de ley y traicionando la obligación constitucional que tiene el Ministerio Público. Los hechos valen más que las palabras y desgraciadamente, así como la declaración del doctor Giammattei sobre la lucha contra la corrupción genera esperanza, la vergonzosa actuación del Ministerio Público el martes, apañando las maniobras realizadas con dolo y mala fe por diputados y ministros para salvaguardar a Morales, aumentan las dudas sobre el futuro.
