Mariela Castañón
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El próximo 14 de enero concluye la administración de gobierno, que deja una Policía Nacional Civil (PNC) desmantelada y débil. Las nuevas autoridades tienen el reto de reconstruirla y fortalecerla.
En el año 2016, en el inicio de la gestión del presidente Jimmy Morales, se observaron algunos avances en el fortalecimiento de la institución policial, había mandos profesionales, con experiencia operativa y de dirección comprobada.
Sin embargo, en enero de 2018, cuando hubo cambios en el Ministerio de Gobernación, también removieron a los comisarios que tenían una carrera policial y quienes habían construido avances en seguridad ciudadana, a través de procesos de selección de personal policial, ascensos conforme a la Ley de la PNC, combate a delitos contra la vida, extorsiones, secuestros y trata de personas.
Después de esos cambios vinieron otros errores garrafales como la “remoción” a pesar de que es una causa inexistente en el Artículo 31 de la Ley de la PNC, de oficiales de carrera en el Departamento de Delitos contra la Vida y la División de Métodos Especiales de Investigación.
Además, desmantelaron la mejor unidad de investigación, que era el Comando Antisecuestros del Ministerio de Gobernación, los policías capacitados y por los cuales el mismo Estado y cooperantes invirtieron en su profesionalización, fueron enviados a patrullar a las calles; únicamente quedó vigente el Comando Antisecuestros de la PNC que debían fortalecer e incentivar, pero no lo hicieron.
Cada una de esas divisiones, departamentos y unidades de investigación destruidas eran las que habían logrado resultados importantes y empezaban a incidir positivamente para el beneficio de la población.
Aunado a eso, fueron ascendidos decenas de policías sin pasar el respectivo curso de ascenso, la mayoría logró avanzar en la escala jerárquica policial por “méritos”, aunque no sabemos cuáles porque a los periodistas no nos explicaron absolutamente nada, a pesar de la insistencia; la transparencia hubiese sido vital para comprender las acciones realizadas.
También se puede mencionar otros problemas de fondo no atendidos, como la falta de reparaciones en los vehículos policiales, la carencia en infraestructura, la poca dignificación y respeto a los policías, falta de planificación y liderazgo, sueldos base bajos, ausencia de respuesta a las necesidades de la niñez huérfana, viudas, discapacitados, condecorados, entre otros.
La administración del presidente Morales y de su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, termina en pocos días y a la ciudadanía nos dejan una PNC desmantelada y debilitada, que difícilmente podrá responder a corto plazo, a los grandes retos en seguridad.
La reconstrucción de la institución policial llevará tiempo, pero si la voluntad política y el verdadero interés prevalecen la población lo valorará.
El ministro de Gobernación designado, Edgar Leonel Samayoa, tiene un reto muy grande, pero no imposible. Personalmente creo que es importante dar el beneficio de la duda, pero mantener permanente fiscalización en cada acción.
