Víctor Ferrigno F.
Iniciamos el año con tambores de guerra en el Medio Oriente, y con la noticia que el Consejo de la Carrera Judicial aún no termina con los listados de aspirantes a las magistraturas, entorpeciendo la renovación y la reforma judicial.
El actual clamor ciudadano por seguridad pública pasa por una reforma estructural del Sistema Judicial, razón por la cual sería prudente que los legisladores tomaran en cuenta los principales problemas que lo aquejan, las soluciones propuestas en los últimos años, así como el papel que los otros Organismos del Estado y la sociedad debemos jugar en su superación.
En los procesos de transición a la democracia, los Estados latinoamericanos han experimentado importantes cambios en los Organismos Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la transformación e independencia de los Organismos Judiciales ha sido lenta y tortuosa, en parte porque la ciudadanía no ha encontrado mecanismos lícitos de presión política, que no afecten la independencia judicial.
La Sociedad Civil, en términos generales, considera que la aplicación de Justicia es un asunto técnico, exclusivo de abogados y jueces, no le reconoce el alto contenido político que entraña, ni comprende la íntima relación que tiene con los procesos de transformación del Estado.
La represión generalizada que impusieron los gobiernos de facto se manifiesta, hoy día, en una escasa capacidad ciudadana para participar en la definición y fiscalización de la política pública, máxime si esta se refiere al tema Justicia.
Pocos países cuentan con una política de Estado contra el crimen, y casi ninguno ha considerado la opinión ciudadana para emitirla. La organización criminal, sea política o común, encarna un poder paralelo al del Estado y constituye la principal amenaza para consolidar la institucionalidad democrática. Por ello se ejercen enormes presiones –económicas, políticas y militares– para frenar procesos de reforma judicial que permitan la plena vigencia de la ley, en el marco de auténticos regímenes de Derecho, que posibiliten el combate de la impunidad, la corrupción y la delincuencia.
Este es el telón de fondo del drama que representa la ineficiencia de la Justicia en Guatemala, provocando inseguridad ciudadana, impunidad y violencia.
Además, existen impedimentos culturales para acceder a la Justicia, pues ésta se imparte en español en un país multilingüe, se penaliza la diversidad cultural y persiste una negativa estatal a reconocer la vigencia del Derecho indígena en el marco del pluralismo jurídico, propio de una nación multicultural.
En el contexto de la ecuación reforma judicial-participación ciudadana-gobernabilidad democrática, los seis grandes retos son: a) constituir el Sistema Nacional de Justicia; b) emitir concertadamente, una política de Estado contra el crimen; c) impulsar los planes sectoriales de reforma judicial; d) construir el Sujeto Social que impulse y fiscalice las transformaciones del Sistema de Justicia; e) consolidar el ejercicio del Poder Municipal, reconociendo el papel de primer orden que debe jugar en la solución de la conflictividad social comunitaria, generando soluciones sustentables; y f) promover las reformas legislativas que institucionalicen estos esfuerzos.
Asumamos de una buena vez que la consolidación de la paz, el desarrollo social sostenible, y la gobernabilidad democrática pasan por una aplicación de la Justicia de manera pronta, cumplida, transparente y respetuosa de la diversidad cultural. Alcanzar este objetivo es una obligación del Estado, pero también constituye una responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
