Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Al principio, el plan de muchos en Guatemala era procurar salir con estrella en la frente argumentando que cualquier acusación en su contra era un plan de grupos de izquierda por manchar sus nombres, queriendo además hacerle creer a la población que en el país la corrupción también es un invento. Todo iba tan bien cuando sólo eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti el blanco de las investigaciones, pero cuando las cosas no pararon ahí, se “fregó la cosa”, como dicen popularmente.
Cuando fueron viendo que lograr impunidad en mayor o menor medida era posible, pusieron su meta en regresar a tener el control del país vía el financiamiento electoral en el que convergen todo tipo de dineros sabiendo que los aportes aseguran un lugar en la mesa de decisiones para preservar intereses, negocios o privilegios.
Como todo en la vida, ante la falta de consecuencias, la gente de desbocó con el tema del financiamiento y se empezó a utilizar con mayor descaro -candidatos que hasta firmaban pagarés para garantizar concesiones- y con mayor alcance porque se pactaban territorios para trasegar en paz. Fue usado como mecanismo para vivir con apariencia de civismo y ayudar a ministros a cobrar sus mordidas mientras estructuras empresariales “prestaban el servicio” de triangulación de financiamiento a políticos intentando que no quedara rastro.
Y ahora los esfuerzos están centrados en eso y han empezado a ver las ventanas que se les abren como las grandes oportunidades no solo ya para “intentar salvarse”, sino han planteado la posibilidad que el gran elector para los próximos cuatro años sea don dinero, vendiendo la idea que con eso pueden inclinar la balanza a su favor.
El partido TODOS de Felipe Alejos ha presentado propuestas para regresar el anonimato a los financistas y el CACIF ha pedido que quien financie no deba llevar registros contables, lo que demuestra que hay especial interés en que financiar campañas vuelva a ser el gran atractivo que tuvo en 2015 y años previos, cuando nunca se había judicializado un caso por tal vicio de la democracia.
A quienes el tema ideológico les preocupa más que los niños desnutridos o la corrupción y vicios del sistema, están contentos porque estiman que con el dinero (de cualquier tipo) podrán atacar a sus fantasmas ideológicos.
Pero ni los radicales de derecha ni de la izquierda, si es que en verdad tenemos derecha e izquierda en este país, están dimensionando que lo que estamos terminando de matar a nuestra frágil democracia y que se están generando más incentivos para que la autoridad electoral sea uno de los focos más importante de cooptación.
No soy de los que cree que el solo hecho de financiar campañas es un delito, pero sí soy de los que considera que financiar mal, queriendo no dejar rastro e incumpliendo la ley es una grave afectación a la democracia porque desvirtúa por completo el rol del Estado y genera incentivos perversos para quienes “donan” el dinero e incluso para quienes terminan participando en política.
Han enfocado el tema del financiamiento en el marco de las acusaciones penales y ese ha sido el gran error. En junio de 2019 le dije a una persona que por salvarse no estaban pensando en el futuro de la democracia y su respuesta fue, “sí, ahora la democracia me vale un pepino” porque yo no hice nada malo si hasta factura tengo y, por tanto, quiero salir libre de todo cargo.
Debemos poner las barbas en remojo en torno al efecto del financiamiento oscuro y opaco que se vuelve ilegal porque de lo contrario, aseguraremos decirle adiós a la fachada de democracia que hemos tenido.
