Roberto Arias
El régimen presidencial es un sistema de gobierno en el que, una vez instituida una República, la Constitución funda una división de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, y el Jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del Poder Ejecutivo, como Jefe de Gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del Gobierno, siendo electo directamente por los votantes y no por el Congreso.
El Presidente es la pieza que ostenta el Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Legislativo lo concentra el Congreso, sin afectar las facultades que en materia legislativa posee el Presidente.
Casi todos los países de América tienen un sistema presidencial muy amplio. Con excepción de Canadá, Guyana, Belice y algunos estados de las Antillas. Es decir, que el Régimen presidencialista es típico de Estados Unidos y de los países de tradición latinoamericana.
En América Latina el Presidente se ha convertido en el centro del poder político, de la integración nacional, de la orientación del Estado y de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo ha empuñado la tradición cultural, los valores y los consensos sociales.
A raíz de la caída de los regímenes autoritarios a partir de 1980, se agudizó el debate sobre la reducción del presidencialismo y la transformación al parlamentarismo europeo en varios países, especialmente en el hemisferio sur.
A su vez, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo ha robustecido el debilitamiento del Legislativo y del Judicial, lo que históricamente ha desembocado en autoritarismo. A falta de fortaleza del Legislativo, que tiene constitucionalmente un papel muy restringido, el Presidente ocupa casi todo el espectro político, mientras que el Congreso se limita fundamentalmente a ser el espacio de la representación de intereses de los partidos y de tramitación de las leyes. Muchas constituciones en América Latina fueron escritas bajo un régimen dictatorial, resultando en constituciones que le otorgan al Presidente un papel preponderante hacia el parlamento, por lo tanto no es común un óptimo equilibrio de poderes.
La actual Constitución Política de la República de Guatemala fue enmendada por una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985.
Desafortunadamente para los guatemaltecos todo esto queda muy bonito escrito en papel, pero la realidad es que los poderes fácticos dan sobornos millonarios a quienes están en el poder, con la finalidad de mantener cooptada a la República, propiciando la miseria, el hambre, la ignorancia y la falta de salud en toda la paupérrima población que es la mayoría.
¿Cuándo saldrá Guatemala de esta situación caótica? Cuando haya educación, cuando la población tenga conocimiento y pueda discernir las razones de su condición y tomar acción.
No podemos remontarnos cual águilas, cuando trabajamos con chompipes.
