Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Es patético transitar por la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, especialmente del lado que del puerto retorna a Escuintla y Guatemala, y no deja de pensar uno en cómo es que el Congreso más nefasto de la historia del país se dio el lujo de decirle no a un proyecto para componerla y, encima de todo, bajo la excusa que no existía suficiente publicidad en torno al proyecto bajo la modalidad de Alianza Público Privada.
En esa carretera pasa buena parte del comercio y la industria del país y de verdad, llora sangre el estado en el que se mantiene esa carretera, pero es un buen recordatorio que en Guatemala el “negocio” es lo que domina en las decisiones más transcendentales para el país.
Pero un Congreso compuesto por gente tan mañosa se dio el lujo de mandar por un tubo el proyecto ya mencionado (encima de todo generando una multa que deberemos pagar los contribuyentes porque la Ley está hecha al revés, porque primero debería darse la aprobación del Congreso) y se debe tener la humildad para reconocer que esos proyectos se han venido ejecutando con igual o menor publicidad que la hecha en la inauguración de un chorro en una comunidad y eso abrió la puerta a los mañosos.
Muchos políticos, con presidentes a la cabeza, se han quejado mucho de las dificultades de “ejecución” que encuentran y Jimmy Morales no fue la excepción, culpando hasta al Ministerio Público (MP) de sus incapacidades y las de sus ministros para la ejecución del gasto público, pero ni los pasados ni este mandatario han hecho lo necesario para atraer la atención de proyectos en los que no solo deben participar los mejores, sino que deben ser del conocimiento generalizado de la población.
De acuerdo a la ley aprobada en 2010, hay una Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, -ANADIE- y existe un Consejo Nacional que es el órgano superior de la agencia en el que participan cuatro ministros del Gobierno (Finanzas, Economía, Comunicaciones, Energía), Segeplan, Pronacom, presidentes del CACIF y Cámara de la Construcción.
Y teniendo cuatro ministros, más un secretario y otro designado, los presidentes de la República deberían jugar un rol fundamental en la promoción de los proyectos que se exploran y los procesos de alianzas público privadas deberían tener una amplia difusión por todos los medios posibles en las diversas etapas que contempla la ley.
Si se hubiera tenido esa publicidad y exposición del proyecto de la autopista, recordándole a la gente en qué consistía el proyecto, ofreciendo un resumen para dummies de las bases, de los términos, de las ofertas, de quién y por qué fue adjudicado, del contrato, de los beneficios para el Estado y los ciudadanos, sin duda alguna que el Congreso hubiera estado en una posición más complicada para decir No y pasar el negocio a otras manos.
El No del Congreso significa que el Estado deberá pagar al participante privado una indemnización del cinco por millar del monto de inversión comprometida y por eso, entre otras cosas, digo que es al revés el orden porque primero debe decir sí el Congreso y que, si se cumplen con las condiciones dispuestas, el proceso sigue su curso.
El nuevo Gobierno debe actuar de forma distinta para promocionar y transparentar las alianzas público privadas porque no pueden seguir siendo tan “secretas” como la adjudicación de hidroeléctricas, por ejemplo.
El país necesita de infraestructura para mejorar las condiciones que permitan generar más oportunidades para todos y por eso, debemos hacer los ajustes que requieren de voluntad política y de reformas legales para tener leyes que garanticen la participación de los mejores y la salvaguarda de los intereses de la población aglutinada en el Estado mismo.
Es urgente más y mejor publicidad para los megaproyectos en alianzas público privadas.
