Marco Trejo
Durante muchos años la cultura de disparar al aire era para las fiestas de fin de año o bien para festejar un cumpleaños de alguien de la familia. Esto ha empezado a cambiar, pero muchas personas todavía mantienen esta actitud, ya sea, porque lo que vieron en el seno familiar, pero muchas veces es por tener una personalidad prepotente y exhibicionista que los lleva a mandar un mensaje de poder y temor a los vecinos.
El caso más trágico al finalizar el 2019, es el de la niña Nahomy Alexandra Chalí Yoc, de 8 años, quien perdió la vida tras ser herida por una bala perdida cuando quemaba volcancitos la noche del 31 de diciembre en las afueras de su casa en Villa Nueva.
En las redes sociales se conocieron de por lo menos cinco casos de personas que se filmaron disparando, en reiteradas ocasiones al aire, hombres y mujeres que no tienen el menor sentido común de lo que están haciendo, incluso un elemento de las fuerzas castrenses, quien al estar junto a dos féminas festejaron a balazos, sin causa justificada, la llegada del 2020.
Y así en varios puntos del país varias personas se ufanaron, en sus muros personales, de la supuesta proeza que hacían al percutar sus armas. En otro rincón de este país también una mujer fue alcanzada, por otra bala perdida, que la hirió en un dedo de la mano, por lo que terminó su festejo en una sala de emergencias.
Ante esta situación vemos que muchas personas no han entendido lo que pueden causar con este comportamiento, cuántas Nohomys han perdido la vida de esta manera tan deleznable, que deja mucho luto y dolor entre las familias guatemaltecas.
Pero todo se debe a que nuestras leyes son blandas y no dan castigos ejemplares a los ciudadanos que todavía creen que en Guatemala no pasa nada, que pueden hacer lo que se les viene en gana porque carecemos de normas que no castigan a los que cometen cualquier tipo de atrocidad.
Las personas que sean consignadas, por la fuerza pública, tendrán que ser procesadas por el delito de disparos injustificados al aire, el cual tiene una pena de uno a tres años de cárcel, pero que puede evitar la prisión tras el pago de una multa y quedar únicamente inhabilitado de tener licencia, de portación de arma de fuego, durante los tres años siguientes al hecho por el que fue juzgado.
Por eso es que nuestros legisladores deben considerar modificar las sanciones que estipula la Ley de Armas y Municiones y estudiar la imposición de penas más severas, para que este tipo de personas, quienes deben ser considerados como asesinos en potencia, tengan más responsabilidad al usar una pistola.
Ahora con la toma de posesión de la novena legislatura se tiene la oportunidad de hacer este tipo de análisis, que permitan los cambios necesarios para corregir los problemas que afrontamos en diferentes temas sociales, económicos y legales, los cuales nos mantienen arrastrando problemas de toda índole que no permiten que tengamos una sociedad que viva en paz.