Francisco Cáceres Barrios
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El guatemalteco no debiera ceder ni un ápice a su propósito de eliminar la corrupción gubernamental a toda costa, mucho menos ceder a la presión de los pícaros por seguir utilizando los recursos del Estado para su propio beneficio. Como bien dice el refrán popular: “Muerto el perro se acabó la rabia”, lo que debiera aplicarse cuando termine el mandato de Jimmy Morales, quien no solo demostró no tener la menor voluntad para continuar la lucha que empezó a librarse con la caída del gobierno de Pérez Molina y la Baldetti y en cambio sí procuró contra viento y marea la expulsión de la CICIG, como volver a las obscuras épocas del pasado, haciendo negocios como el de la compra de avioncitos que aún trata de impulsar.
Lamento disentir del criterio de algunas personas que insisten en decir que en el pasado tuvimos persecución penal, pero que finalmente no funcionó porque lo que tenemos ahora es un montón de exfuncionarios en la cárcel, reformas de leyes para que puedan salir rápido, pero que la corrupción no sabemos cómo está, cuando por causa de la corrupción imperante en el Organismo Judicial se ha venido haciendo todo lo posible para que todavía tengamos procesos judiciales sin terminar, fuera por las tácticas dilatorias empleadas o la incorrecta aplicación de las normas procesales, como también por el interés presidencial de proteger a sus familiares, a empresarios y políticos corruptos, se haya seguido propiciando satisfacer intereses personales.
Si de algo estamos seguros, es que la corrupción sigue ahí impertérrita, porque está a la espera de continuar, si es que el presidente electo Alejandro Giammattei no asume desde el primer día de su mandato una franca, abierta y denodada lucha por prevenirla, con actuación drástica y sin ningún tipo de contemplaciones en contra de los corruptos. Las arcas habrá que cerrarlas para evitar el cumplimiento de aquel otro refrán que dice: “En el arca abierta hasta el justo peca”, pues llegó el momento de darnos cuenta que llegó la hora de dejar de lado la ingenuidad, la flojera o seguir contemporizando a quienes poco o nada les importan las limitaciones presupuestarias derivadas de la baja productividad y rentabilidad de las operaciones agrícolas, industriales, comerciales y de servicios en el país.
Con la salida de Jimmy Morales también debiera terminarse la continua queja presidencial porque la Ley de Compras y Contrataciones sea un obstáculo para que el Estado pueda adquirir sus insumos, cuando si es necesario corregirla, habrá que hacerlo, pero, sin eliminar las normas útiles para el uso honesto y racional de los recursos y siempre, cuando se persiga el bien común. Sin caer en extremos innecesarios, sí es indispensable exigir que se apliquen las más elevadas normas para la mejor designación de cargos públicos en la nueva administración, aplicando la norma constitucional de atender únicamente a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. ¿Qué dice usted, será mucho pedir?
