Walter Juárez Estrada
El otro mes se cumplen trece años que se oficializó la ficticia quiebra del Banco de Comercio y/o Urbanizadora de Comercio. Hasta hoy, los miles de inversionistas engañados por los personeros de esa entidad, con la complicidad de funcionarios bancarios, ven frustradas sus esperanzas de recuperar sus ahorros de toda su vida. Demandan del Ministerio Público y de los Tribunales, que actúen con estricto apego a la ley y se condene al Estado de Guatemala, como corresponsable del robo descarado de los personeros bancarios que, con colaboración de las autoridades del Ejecutivo, huyeron del país, viviendo a “cuerpo de rey”, exigen su extradición y se les restituya de los bienes lapidados.
El Ministerio Público y los Tribunales no cumplen con su función. Han permitido y apañado a los exfuncionarios de la Junta Monetaria María Antonieta del Cid de Bonilla, del Superintendente de Bancos Willy Waldemar Zapata Sagastume. No se les ha encauzado, pese a su responsabilidad directa en la ficticia quiebra de esa entidad, favoreciéndolos con resoluciones para entorpecer las investigaciones y no se les condene, siendo ellos cabeza de la banca central tenían pleno conocimiento de las acciones ilícitas para perjudicar a miles de inversionistas, que perdieron sus ahorros de muchos años de vida.
De Bonilla se jacta de ser “honrada”, es accionista mayoritaria de Energuate y Zapata huyó a México donde ocupa un cargo internacional, hasta ahora por la irresponsabilidad y negligencia del MP. no ha prosperado su extradición como la de los personeros de dicho banco, Jorge Ibarra Rivera-Iglesias, Carlos Enrique Abularach Zablah, Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz. El único detenido hasta hoy, Roberto Manuel Segovia Olivotto, no tiene bienes a su nombre para resarcir a los agraviados, quienes con justo derecho exigen justicia y se les restituya en su dinero. El MP y los tribunales han sido complacientes con estos criminales “de cuello blanco…”
Exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos, gozan de una medida sustitutiva a igual que Pedro Vidal Velasco, vinculado a esa supuesta quiebra. Por decisión de la fiscal general Porras, el proceso se trasladó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, designándose Heidy Maricruz Muñoz Samayoa para que se apersone al Tribunal de Sentencia que fijó para el 2 de enero para que los agraviados presten declaración como “testigos”, no como “agraviados”. Dicha fiscal es una profesional de pocos conocimientos de reciente graduación, no está capacitada para llevar una carga de un proceso que ha durado más de una década en los tribunales, que han sido tolerantes con los expersoneros de ese banco. Demandan de Porras que actúe con celeridad y los tribunales dicten las sentencias y obligue al Estado a resarcir el dinero perdido por los inversionistas.
Los agraviados no piden favores, sino que se cumpla con la ley. Varios han muerto, otros se han suicidado al ver que los ahorros de toda su vida, se perdieron. La mayoría vive de la caridad de parientes y amigos y exigen justicia pronta. Que el MP. haga su trabajo a igual que los tribunales.
