Sobre el tema de la certeza jurídica se ha hablado mucho porque existe la fundada sensación de que la misma no existe realmente en Guatemala, pero, como pasa tan corrientemente en el debate público en nuestro país, se utilizan siempre distintos raseros de acuerdo a los intereses sectoriales o personales. En ese contexto, se reclama certeza jurídica para todo lo que me conviene, pero la misma sale sobrando cuando de alguna manera me afecta o beneficia a alguien desagradable.
Viene lo anterior porque un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ordenando al Ministerio de Finanzas Públicas el traslado de los fondos asignados a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, ha sido olímpicamente ignorado por las autoridades. Y los sectores que más insisten en el tema de la certeza jurídica callan porque resulta que el titular de esa dependencia, Jordán Rodas, no ha sido su monigote y ha actuado de manera que le ha significado una fuerte oleada de críticas de aquellos que consideran irrelevante el tema de los derechos humanos, en el mejor de los casos, o que insisten en que esos derechos son un pretexto para defender a delincuentes.
Si tanto nos interesa la certeza jurídica tenemos que empezar por entender que los fallos judiciales, nos gusten o no, tienen que ser respetados y acatados por todos y que cuando eso no ocurre, el Ministerio Público debiera actuar para denunciar penalmente a los que desobedecen las resoluciones dictadas con apego a la ley. Con diferentes fallos de la misma Corte de Constitucionalidad este gobierno se ha distinguido por desobediencias flagrantes que se han podido concretar por la indiferencia del Ministerio Público para asegurar la debida ejecución de las sentencias.
Y con esos precedentes, se entiende la indiferencia del Ministro de Finanzas ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia en un tema que afecta a cientos de trabajadores de la PDH que no reciben ni salario ni aguinaldos como consecuencia de una caprichuda actitud de quienes le han retenido los fondos como una especie de sanción por las actuaciones del Magistrado de Conciencia que ha cumplido con su mandato constitucional en la coyuntura nacional.
Si somos coherentes, tenemos que defender el estado de derecho siempre y en todo lugar, no hablando de certeza jurídica únicamente cuando es de mi particular conveniencia, sino asumiendo que es un principio esencial para normar la pacífica convivencia en la sociedad. Exigir el cumplimiento de las resoluciones siempre es un detalle esencial para evidenciar que no hay doble moral e hipocresía cuando se cacarea el tema.
