Eduardo Blandón
Las ejecuciones extrajudiciales son parte de un pasado reciente del que muchos tienen la tentación de repetir y otros lo anhelan en su corazón. El caso más reciente es el episodio que viven los colombianos en busca de la exhumación de alrededor de 200 mil cuerpos sin identificar.
Los informes de prensa indican que la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC para investigar los crímenes más graves de la guerra, busca los cuerpos de al menos 50 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares entre 2005 y 2007. Todo ello sucedido, la mayoría de los casos, en el gobierno de Álvaro Uribe.
Claudia García, directora del instituto forense, confirmó la gravedad diciendo lo siguiente: “Nosotros en los últimos años hemos hecho una prospección en todos los cementerios legales, digámoslo de alguna manera, y en las inhumaciones que no son legales en estas fosas clandestinas, y creemos que el reto al que nos estamos enfrentando es de más o menos de 200 mil cuerpos, en donde tenemos que buscar los desaparecidos del país”.
El denominador común cuando los estados aplican políticas de ejecuciones extrajudiciales es el desprecio hacia la vida, el irrespeto a la libertad, la intolerancia y abuso de poder. Habitualmente los ejecutores obedecen a autoridades sin escrúpulos siguiendo un patrón de violencia en el que no se tiene piedad con las víctimas. Es el resultado de un encuentro feliz entre enfermos mentales (los operadores enrolados en las filas del ejército) y talibanes políticos acostumbrados al libertinaje.
Más allá del hecho, el germen de los asesinatos puede encontrarse en la descomposición social que genera anarquía, desesperación y pérdida de rumbo. Frente a ello, surgen los chacales alentados por el pragmatismo político de líderes con inclinación violenta que no tienen rubor de arrogarse la función de justicieros. Así, creyéndose profetas, elegidos por su divinidad para el establecimiento de la paz social, luchan a brazo partido eliminando con lujo de fuerza a sus adversarios.
Infortunadamente ese tipo de situaciones no ha sido casual en América Latina. A lo largo y ancho de estos países, el exterminio ha sido moneda corriente operado por líderes en casi todo el espectro político. Tentación particular la experimentan los más conservadores, como en el caso de Uribe en Colombia o nuestros propios ejecutores extrajudiciales (que no mencionaremos, pero que conocemos por la prensa).
Poner tras las rejas a los autores intelectuales de esos procedimientos inhumanos y a sus ejecutores es un paso necesario y de justicia. Pero debemos ir más allá de ello, superando las causas y proponiendo la crítica que permita comprometer las condiciones lógicas que nos llevan a soluciones fáciles e inmorales. No hacerlo nos pondrá siempre al borde de la barbarie y al resurgimiento de los patrones violentos que dan origen a los cementerios clandestinos.
