La sanción y publicación de la manoseada Ley de Aceptación de Cargos marca un hito en la historia jurídica del país porque fue aprobada una norma que alienta la impunidad y hace de esa aceptación una verdadera fantochada que destruye el peso del sistema de justicia. Por supuesto que la iniciativa original, trabajada por la CICIG, era necesaria porque ayudaría no sólo a descongestionar el atorado sistema de administración de justicia, sino que además obligaba a reparaciones congruentes y a la colaboración efectiva para desarticular acciones criminales relacionadas con el cargo que se había formulado.
Los diputados hicieron reformas que desvirtuaron por completo el espíritu de la ley y la pusieron al servicio de la impunidad, tal y como se podía esperar de este Congreso al que, hasta el hermano de su Presidente, Álvaro Arzú Escobar, ha criticado en duros términos calificándolo con toda justicia como el peor de la historia del país.
La Fiscal Consuelo Porras, en su actitud de eterna vigilancia, criticó la ley tal y como fue aprobada y ahora tiene la oportunidad de pasar de la vigilancia a la acción, impugnando por inconstitucional ese mamotreto legal aprobado por los diputados que buscan impunidad. Lo mismo harán, sin duda, otros actores del país interesados en el sistema de justicia, pero el aporte de la Fiscal General sería de gran importancia no sólo para reforzar el planteamiento legal, sino para empezar a romper las ataduras que tiene el Ministerio Público con los principales actores de ese pacto. Aunque podrán decirnos, con justicia y razón, que la posibilidad de que la Fiscal accione contra esa ley es inexistente dados los antecedentes de su gestión frente al MP.
De no hacerlo quedará a la altura del Nuncio que ayer, como era de esperar, se deshizo en elogios para los diputados del actual Congreso y para quienes integran su Junta Directiva, afirmando que son patriotas y luchadores contra la corrupción que deben ser admirados en vez de vilipendiados por una opinión pública que, según el prelado, obedece a malsanos intereses.
Los desaguisados de esa Ley los entiende cualquiera que tenga una pizca de decencia y de repudio a los abusos pro impunidad que se siguen manifestando de manera tan burda, pero la posibilidad de que Jimmy Morales vetara esa ley por indecente no existió nunca porque él mismo puede ser uno de los beneficiarios de los nuevos términos que se consignan en la aceptación de cargos tal y como la definió y reguló el Congreso de la República.
