Julio García-Merlos G.
Twitter: @jgarciamerlos
¿Por qué Guatemala es un país pobre? Todos los que amamos a este país, que vemos la potencial natural (hídrico, mineral, forestal, etc.), el acceso a los dos océanos, la multiculturalidad, el clima envidiable, el talento humano y trabajo de miles de guatemaltecos, nos hacemos esta pregunta de difícil respuesta. A veces cuesta entender porque acá un guatemalteco no puede producir lo que produce en otro país. Quisiera resaltar el trabajo de los migrantes, quienes hoy en día a través de las remesas, envían al país lo que representa más del 10% del PIB. Digo que representa más del 10% del PIB y no que aportan al PIB, porque las remesas no pueden considerarse producto interno, por definición. Las remesas son producidas externamente, principalmente en Estados Unidos, país en el que existen las condiciones para la inversión, producción y empleo.
No pretendo responder a la pregunta inicial, únicamente plantear la que considero una de las razones principales de porque somos pobres, la falta de certeza jurídica. Si queremos salir de la pobreza, debemos generar un ambiente amigable a las inversiones. Necesitamos reglas claras, un sistema eficiente en hacer cumplir las normas y los contratos y conocer con anticipación como se podría resolver por parte de un juez, determinada situación legal. Se ha hablado bastante de la necesidad de reformar el sector justicia, lo cual incluye reformas legales y mayor asignación presupuestaria. Se ha hablado también de la necesidad de que la Corte de Constitucionalidad emita sentencias consistentes y que ayuden a dar certeza de que las reglas del juego no van a cambiar a medio partido.
Un tema que generalmente se descuida es la importancia de la seguridad jurídica que deben generar los jueces ordinarios. Los jueces ordinarios administran justicia en su materia específica, laboral, civil, penal, mercantil, contenciosa-administrativa, entre otras. En los jueces ordinarios descansa la administración de justicia, el análisis de los hechos, de los argumentos de las partes y de la prueba diligenciada en juicio. La Corte de Constitucionalidad debiese resolver únicamente aspectos constitucionales, no así el fondo de la discusión ordinaria. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia generalmente conoce aspectos muy técnicos en recursos de casación. Son los jueces ordinarios, incluidas las salas de apelaciones quienes tienen en sus manos las decisiones sobre disputas legales.
Para valorar la calidad de las resoluciones de los jueces ordinarios, es necesario darles visibilidad. Actualmente las resoluciones de los jueces ordinarios y Salas de Apelaciones no se pueden consultar en gacetas o publicaciones del Organismo Judicial. Las sentencias son bienes públicos de uso común, son el producto y resultado del trabajo de un juez, pagado con los impuestos de los contribuyentes, por ello son bienes a los que los ciudadanos deberíamos de tener acceso y poder consultar.
La visibilidad de estas resoluciones contribuiría a conocer a los jueces, así como al árbol se le conoce por sus frutos, al juez por sus resoluciones. Esto contribuiría a poder evaluar de forma objetiva si un juez es consistente o no, si mantiene los mismos criterios o si es errático. La transparencia y visibilidad de las resoluciones ayuda a evitar la corrupción y la arbitrariedad.
No somos un país con un sistema legal consuetudinario en el que los jueces ordinarios crean derecho, sin embargo, es muy importante que estos jueces vayan unificando criterios, que exista estabilidad y certeza jurídica. La certeza jurídica es indispensable para atraer inversión, para generar riqueza, por ende, para combatir la pobreza. Los jueces deben estar conscientes que con sus resoluciones no solamente deciden el litigio entre dos partes, sino que también están enviando un mensaje el resto de los ciudadanos de cómo se resolvería un caso similar. Los jueces deben estar conscientes que sus resoluciones tienen un impacto económico y que pueden contribuir al desarrollo o al atraso del país.
