Raúl Molina
Cuando se discutían los últimos acuerdos de paz, en 1996, escribí sobre la necesidad de no permitir la impunidad para las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que las fuerzas armadas habían cometido durante el Conflicto Armado Interno. Predecía en ese momento que la impunidad generaría violencia criminal y el irrespeto del Estado de derecho, que es lo que ha ocurrido durante más de veinte años. No fui “brujo”; simplemente la historia y otras experiencias en el mundo exigían no permitir que los responsables de atroces crímenes, incluido el genocidio, permanecieran sin rendir cuentas. La URNG no pudo exigir más que la “no amnistía” al firmarse el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, porque la contraparte, el ejército genocida, jamás hubiese aceptado que se le pudiera llevar a la justicia a la oficialidad entera. Así, la impunidad ha sido un cáncer que ha invadido al ejército y ha corroído al Estado, llevándolo a su falla total, con falta de justicia y generalizada corrupción. El Estado, y sectores de la sociedad que se le han acercado, como el CACIF, son ya enfermos terminales. A raíz de la corrupción del gobierno de Otto Pérez, la CICIG y el MP lanzaron una intensa lucha contra la corrupción y la impunidad, que fue lo que llevó al gobierno de Jimmy Morales a generar todos los mecanismos posibles, para impedir que se hiciera justicia en el país para criminales y corruptos, incluidos él y su familia.
Otros Estados y sociedades han avanzado más en su lucha contra la impunidad y, por ende, gozan de mejor salud. Los países europeos juzgaron a los principales responsables del fascismo y el nazismo, algunos condenados a muerte, y han estado en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos. En la realidad latinoamericana, Argentina nos ha dado grandes lecciones con el juicio y condena de los principales responsables de la “guerra sucia” contra el Pueblo, lo que también ha ocurrido, aunque en menor escala, en Chile y Uruguay. En Guatemala, ha sido la sociedad civil la que ha hecho inmensos esfuerzos por romper el muro de la impunidad. Gracias a familiares de las víctimas y organizaciones solidarias, así como a la CICIG y al MP, se han realizado algunos juicios paradigmáticos, como el de Ríos Montt y otros militares asesinos. Hoy, la justicia debe actuar más rápidamente; en primer lugar, para evitar que los responsables mueran antes de enfrentar los cargos y, en segundo lugar, para sobrepasar los múltiples obstáculos que los criminales van poniendo. Ha sido el gobierno de Jimmy Morales el principal obstáculo. Los militares y los grandes ricos involucrados en la “guerra sucia” se asustaron con la captura, en los primeros meses de 2016, de diecisiete oficiales acusados de crímenes de guerra por la CICIG. En ese momento, los implicados exigieron de Jimmy Morales, sabiendo que él mismo y su hermano e hijo estaban siendo investigados por corrupción, que se expulsara a la CICIG del país. Jimmy y la dictadura de la corrupción llevaron al Estado a una condición de mayor gravedad, cooptado por criminales y corruptos, para mantener la impunidad. Esto se hará trizas; pero aún no ha llegado el momento.
