Por principio creemos que todo indicio de delito debe ser investigado por el Ministerio Público que tiene la obligación de proceder cuando existen evidencias que sirvan de sustento. En ese sentido nos parece inadecuado que, por ejemplo, el famoso caso de la gallina en crema con loroco no haya generado una investigación seria para determinar qué se habló y quiénes fueron los actores del famoso almuerzo en la finca de Mario Estrada en el que estuvo el Presidente platicando con los supuestos miembros del narcotráfico que eran agentes encubiertos de la DEA, ni tampoco el ilegal pago de indemnizaciones en el Congreso.
Por lo tanto cualquier indicio de delito imputable a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la forma en que manejaron el último proceso de elecciones en el país tiene que ser objeto de investigación seria para deducir responsabilidades, pero llama poderosamente la atención que el Fiscal de Delitos Electorales haya presentado solicitud de antejuicio contra quienes integran el pleno del TSE justamente siguiendo instrucciones de la Fiscal General que responde a los intereses políticos y personales de Jimmy Morales, porque se sabe que el mandatario se pasó todo el año hablando de fraude y responsabilizando del mismo a los magistrados, lo que hace pensar que se trata de la continuidad de la conspiración para deslegitimar el resultado de las elecciones.
El delito, según el fiscal Curruchiche, está en el descuido que tuvo el Tribunal respecto al proceso de cómputo que no tiene ninguna incidencia en el resultado final del proceso electoral. Es obvio que hubo fallas administrativas en la elaboración de los programas para la realización de esa transmisión de datos al público y que el descuido tuvo consecuencias al debilitar la credibilidad del mismo Tribunal, pero de eso a que haya habido delito parece haber una gran diferencia.
Punible podría ser, en todo caso, algunas de las acciones y omisiones del Tribunal Supremo Electoral en materia de inscripción y rechazo a la inscripción de candidatos y en cuanto a la cancelación o no cancelación de algunos partidos políticos, en lo que se mostró marcado favoritismo, pero el descuido informático que se dio cuando no hicieron las pruebas para corroborar que el programa funcionaría con más de 20 partidos participantes, sin que ello tuviera que ver con el conteo de los votos, tanto en las mesas como en las Juntas Municipales y Departamentales, parece realmente exagerado, sobre todo viniendo de un Ministerio Público que acusa a enemigos del Presidente y se ha hecho de la vista gorda ante comportamientos criminales de algunos protegidos de las más altas autoridades del MP.
