Sin modificaciones a lo que ya se conocía como elementos para la evaluación que debe hacer el Consejo de la Carrera Judicial a los funcionarios del sistema de justicia que aspiran a ser electos magistrados de Salas o de la Corte Suprema, ayer fue remitido el reglamento respectivo al Diario Oficial para ser publicado a la mayor brevedad posible, de manera que se pueda acatar lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad respecto a los plazos para concretar ese trámite indispensable.
Hay sectores empeñados en atacar a la CC y señalarla de culpable de retraso, pero no dicen nada de que el Consejo de la Carrera Judicial es el causante del mismo. Ocurre que, si hacían las evaluaciones en el proceso que se inició este año, muchos de los aspirantes ya apalabrados para ser electos por el Congreso en el marco del Pacto de Corruptos, hubieran quedado fuera porque su único mérito era haberse comprometido a servir los intereses espurios de los grupos que operan a favor de la impunidad. Ninguno de los que ahora despotrican contra la Corte de Constitucionalidad dijo ni pío cuando el CCJ dejó de hacer las evaluaciones para allanar el camino a los que esos sectores ya veían, con beneplácito, como elegían a los futuros magistrados para apachar clavos de los sindicados de corrupción, funcionarios y particulares, de manera que pudieran ir solventando sus problemas legales gracias al favor que estaba por hacerles, y por hacerse a sí mismo, el Congreso de la República.
El tema es de mucho fondo como para que personas sin ningún conocimiento y exceso de cinismo despotriquen contra la Corte que se vio forzada, para hacer que se respete la ley, a ordenar que se detuviera el proceso por la falta de las necesarias evaluaciones. Y es que no se puede negar que el trasfondo de todo este problema es el ansia de impunidad que tienen poderoso e influyentes sectores que esperaban una elección sin contratiempos realizada por “sus” diputados en el Congreso que ya tenían las listas debidamente pactadas para enviar a las magistraturas a personajes que no hubieran alcanzado ni siquiera puntuaciones mínimas en evaluaciones que podrían ser revisadas y hasta impugnadas si se hacían mañosamente.
Resulta patético el esfuerzo por querer minar el último resabio de institucionalidad que tenemos en el país precisamente de parte de aquellos que se han beneficiado de la captura del Estado para asegurarse impunidad. Deben entender el mensaje de que ni siquiera a ver a Mickey Mouse podrán ir a los Estados Unidos.
