La decisión del Ministerio Público de no investigar la comisión de algún delito en el negocio de la compra de los aviones argentinos, sobre la base de que no hubo daño al patrimonio del Estado, es una muestra de cómo nuestra autoridad encargada de la persecución penal está cumpliendo su compromiso de apacharle cualquier clavo al Presidente que nombró a la Fiscal General, situación que para algunos es normal porque les parece un acto de ingratitud el que cometió la Fiscal Thelma Aldana con Otto Pérez cuando el entonces Presidente fue acusado por el Caso La Línea.
Pero el hecho es que el único compromiso que debe tener quien dirija el Ministerio Público, en su calidad de Fiscal General, tiene que ser con la ley y la justicia, por lo que no se vale eso de andar apañando a nadie ni cumpliendo compromisos que por naturaleza son espurios, como es el de cubrir las espaldas a toda costa a quien hizo el nombramiento. Es cierto que se da por sentado que todo gobernante cuando nombra al titular del MP espera que sea su garante de impunidad y que, aunque no se establezca claramente el compromiso, el mismo se da por sobrentendido, pero ello no hace sino refrendar el carácter espurio del acuerdo.
El hecho es que hubo toda una trama, ilegal por supuesto, para la compra de los aviones y no fue sino por una decisión ajena al Ejecutivo que se tuvo que suspender el negocio, luego de que el mismo Presidente Morales se hizo fotografiar en una de las aeronaves cuando se concretó el acuerdo con la fábrica de las naves, propiedad del Ejército de Argentina. Y, para mayor claridad de que hay aún grave riesgo de que se comprometa el patrimonio del Estado, debe recordar la Fiscal General que esa nación sudamericana hizo formal anuncio de que reclamarían legalmente por la suspensión de la negociación, reclamando daños y perjuicios tras la fallida compra de los aviones Pampa II.
El argumento expuesto por el Ministerio Público para justificar su inacción en este caso es totalmente absurdo y no se puede sustentar jurídicamente bajo ningún pretexto porque, repetimos, aún en el remoto caso de que no llegara finalmente a darse un daño al patrimonio, sea porque no se presente el reclamo argentino o porque se pueda ganar legalmente, no significa que no haya habido comisión de delito en la negociación. Para empezar, es importante establecer la versión de que hay sobreprecio en el negocio para cubrir reales o supuestas comisiones, extremos que deben dilucidarse.
