Por Jorge Santos
El pasado 8 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) notificó la sentencia del Caso Ruiz Fuentes versus Guatemala, en la cual señala que el Estado es responsable por imposición de pena de muerte, así como la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, por la ejecución extrajudicial cometida contra el señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes, en el 2005. Asimismo, el día de ayer el Tribunal Federal Suizo confirmó la sentencia de 15 años de prisión contra el que fuese Director de la Policía Nacional Civil, por haber participado en ejecuciones extrajudiciales contra privados de libertad, durante el gobierno de Óscar Berger. Uno de los denominadores comunes y vínculo entre estas importantes resoluciones, se centra en la estructura criminal organizada por funcionarios del Gobierno de 2004 al 2008, en particular los del Ministerio de Gobernación de la época, bajo el cual se incluía a Alejandro Giammattei, quien era el director del Sistema Penitenciario.
A esta importante presunción de su participación en una estructura criminal dedicada a ejecutar extrajudicialmente a ciudadanos guatemaltecos, debe sumarse los vínculos cada vez más descarados con golpistas, violadores de derechos humanos, miembros del crimen organizado, acusados y hasta sentenciados por delitos de corrupción, entre otros personajes oscuros del mundo de los crímenes de cuello blanco. Es decir, que al configurarse un gobierno integrado o cercano a los intereses anteriormente descritos, pues no nos debe caber la menor duda, que el gobierno de Gimmattei se convertirá en la consolidación del Pacto de Corruptos.
En las designaciones de las personas que conformaran su Gabinete de ministros, resaltan dos grandes actores del Pacto, el primero la oligarquía guatemalteca, representada por un expresidente del CACIF y el segundo por militares implicados en graves violaciones de derechos humanos y golpes de Estado representados por la mayoría de integrantes del Gabinete de Seguridad. Pero por si esto aún no le dice con claridad el vínculo existente entre estos actores y el pacto, Giammattei al presentar su Plan Económico, refirió que un importante asesor en la materia es el expresidente del Banco de Guatemala, quien militó en el partido Lider y que siendo la máxima autoridad monetaria en el país, cometió el delito de tráfico de influencias, para que otros pudieran realizar acciones de lavado de dinero. Junto a él, sólo que en el equipo de transición del próximo presidente apareció el hijo de Manuel Baldizón quien se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos.
En otras reuniones de trabajo del próximo presidente, han aparecido importantes miembros del crimen organizado, dando cierre así a los cuatro actores claves del Pacto de Corruptos; lo cual se convierte en la mejor prueba de que el gobierno de Giammattei no será sino la continuidad y consolidación de este Pacto y sus espurios intereses, haciendo gala del viejo dicho popular “si tiene cola, camina como pato y hace cua, cua, no es más que un pato”.
