Francisco Cáceres Barrios
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Bien sabido es que el abuso de poder o de autoridad son prácticas comunes en nuestro país y ocurre cuando la autoridad o el individuo que tiene más poder sobre otros, fuera por cargo público, posición social, jerarquía, preparación o riqueza lo usa en beneficio propio. En particular, me refiero al poder que se obtiene a través de los cargos públicos o políticos o bien a relaciones con familiares o de carácter amistoso para asuntos personales y no en beneficio general de la sociedad.
Para nadie es secreto que el abuso de poder constituye un delito pues no se enmarca dentro de las leyes que nos rigen y que, de aquí, parten otros más como el prevaricato, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y la propia corrupción política. Esto último, me pareció muy importante citarlo ahora que he querido referirme al encargo del Ministerio de Educación Pública a un hijo del presidente Jimmy Morales, para que fuera a hacer entrega de diplomas a un grupo de migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos de América. La primera pregunta que me hice fue ¿a cuenta de qué? ¿Acaso el jovencito es una lumbrera, ganador de títulos y premios de una tal trascendencia, que pudieran servir de buen ejemplo a los migrantes con el fin de lograr la superación personal? ¡Todo lo contrario! Sus antecedentes no son nada edificantes, aunque no consten en los registros de los organismos judiciales por las razones por todos conocidas.
Pero la pregunta que le hizo el reportero al Ministro del ramo fue distinta, pues se refirió a si la invitación incluía el valor del vuelo y la estancia del invitado en lugar del evento, a lo que respondió de inmediato que eso correspondía al jovencito, sin percatarse que paralelamente el sistema de compras gubernamental estaba cotizando por la vía del internet dichos estipendios. Pero seguramente el lector se estará preguntando: ¿Por qué vale la pena comentar un asunto que para muchos no tiene tanta importancia, pues se trata de un gasto que, si mucho alcanza unos cuantos miles de dólares, cuando lo que realmente importa son los miles de millones de quetzales que se esfuman por la vía de la corrupción?
Porque para mí, como para miles de guatemaltecos, asuntos como el ahora comentado son clara evidencia de la corrupción imperante, así como del cinismo, de la indiferencia o del desparpajo como ven nuestros políticos todo lo que signifique abuso de poder. Para ellos, eso “es la cosa más normal del mundo”, misma expresión que utilizaron cuando se supo que el jovencito en referencia había simulado cotizaciones, ofertas, facturas y demás artilugios empleados en las compras del Estado y por lo cual había sido llevado a los tribunales, sin embargo, ¿qué opinión tiene la mayoría de padres de familia guatemaltecos cuando se entera de cosas como esta? ¿No causa enojo y rechazo el saber cómo se utilizan sus impuestos?
