Los dos años que duró con toda intensidad la lucha contra la corrupción sirvieron para que la opinión pública entienda la importante función que desempeñan los fiscales en la labor de investigación de los distintos ilícitos y en la persecución de los sindicados por la comisión de delitos. Ha sido titánica la labor de algunos fiscales que se han apartado de la costumbre de una burocracia corrupta que sirvió para apuntalar los cimientos del régimen de impunidad y por ello es que uno de los objetivos que se traza en sus estertores finales el Pacto de Corruptos está en la destrucción de los remanentes de aquellas fiscalías donde las cosas se hicieron bien y con integridad.
Por ello la propuesta que se pretende incluir en la reforma a las normativas de la prisión preventiva, iniciativa de ley que se aprovecha para establecer el camino para que cualquier fiscal que haga su trabajo pueda ser no sólo procesado sino sentenciado en forma expedita y maliciosa. La idea es que cualquier abogado al frente de alguna fiscalía o sus auxiliares, entiendan que están jugando con fuego al enfrentarse a un sistema diseñado y construido para alentar a los delincuentes a salirse con la suya.
Por supuesto que los fiscales tienen responsabilidades y aquellos que abusen de sus puestos de manera maliciosa deben rendir cuentas ante la justicia, pero la inclusión de una normativa especial contra los fiscales en las reformas a la prisión preventiva no sólo está fuera de lugar sino que confirma plenamente cómo es que esa iniciativa se nutre de los afanes de impunidad que son ahora la tarea pendiente del grupo de diputados que se ha esmerado en ponerle punto final, definitivo y absoluto, a cualquier investigación que pueda provocar nuevos sobresaltos a quienes, por alcurnia o por poder económico, han sido históricamente inimputables en nuestro país.
El sueño de opio de mucha gente que libra la batalla final a favor del régimen de impunidad y corrupción es sentar en el banquillo a fiscales y jueces que se distinguieron por su frontal entrega a la causa del Estado de Derecho y al imperio de la ley. Y no cesarán en su empeño de atosigarlos hasta, por lo menos, lograr que dejen sus cargos como ya hicieron con varios de ellos, pero su objetivo final es enviar el mensaje macabro de que quien se atreva a tocar a los intocables, tendrá que sufrir no sólo ostracismo sino persecución penal que les lleve a prisión dictada por los operadores del sistema de corrupción.
