Eduardo Blandón
Las extorsiones son un flagelo del que creíamos habernos librado desde hace mucho tiempo. Su mecanismo es perverso al difundir un estado de temor en las víctimas que las mueve a cerrar negocios y huir del lugar donde viven. Propaga un estado de terror que en casos extremos genera violencia y a veces también muerte.
Las autoridades no solo tienen el diagnóstico sino la manera cómo operan los delincuentes, sin embargo, la inefectividad es tan dramática que prácticamente la sociedad está rendida frente a las mafias. Como que si tenemos que acostumbrarnos o aceptar la reclusión en nuestros barrios pagando un ejército que nos cuide por las calles. ¡Pavoroso!
En cualquier parte del mundo civilizado el gobierno tomaría medidas para proteger a sus ciudadanos, menos en nuestro país donde, por el contrario, las extorsiones han aumentado este año en un 32 por ciento. Lo que significa que es toda una industria criminal que mueve ingentes sumas de dinero en beneficio de sus operadores.
Corrupción carcelaria, dice la prensa. Sin duda, pero diseñada más complejamente para dar cabida a quienes desde fuera de la prisión se convierten en colaboradores. No hay magia en la actividad: celulares ingresados ilegalmente en las cárceles, números de teléfonos con dueños de identidad falsa, apoyo logístico en y fuera de los centros de privación de libertad, etc. Como en todo, solo falta voluntad para superar el juego del gato y el ratón.
Desafortunadamente los responsables de la seguridad en nuestro país pierden la batalla, no por falta de conocimiento, recursos humanos o medios tecnológicos que apoyen la inteligencia en las acciones, sino por otras razones entre las que destacan el desinterés, la distracción voluntaria (se voltea la vista como quien no sabe para ocuparse en otros objetivos), la ausencia de planes, el deficiente liderazgo y la organización de un sistema policial que se responsabilice del problema. Así, el fracaso del gobierno en la materia es apabullante.
Por ejemplo, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló hoy en un medio de prensa que el bloqueo de la señal para los celulares no ha funcionado porque los reos y guardias del sistema penitenciario sabotearon los aparatos. “Las empresas de telefonía cumplieron con los bloqueadores, pero el Ministerio de Gobernación no protegió los aparatos, y se negaba a la instalación porque consumirían energía eléctrica”, explicó.
Todo ello contribuye a que se dé un clima de indefensión que, más allá de espantar a los inversionistas y al turismo, aflige a los guatemaltecos. La ciudadanía percibe, además, un sistema de impunidad que la desespera y estimula a hacer justicia por mano propia. Ello es caldo de cultivo para el establecimiento de la violencia y la percepción de que la ley de la selva es lo nuestro. El cambio de gobierno podría llenarnos de ilusión, no obstante, hasta la fecha, no hay demasiados signos que demuestre que la política será diferente. Ojalá me equivoque.
