Muy ilustrativas fueron las explicaciones que ayer brindó a La Hora el exministro de Relaciones Exteriores, doctor Gabriel Orellana, sobre el abuso que está cometiendo el Gobierno al implementar la aplicación de un acuerdo internacional simplemente porque consideran que no debe ser ratificado por el Congreso, lo que termina violando la normativa constitucional relacionada con el trámite de tratados o convenios internacionales que obliguen de alguna manera a Guatemala.
Y es que el Gobierno de Guatemala y el de Estados Unidos, representado por un asesor presidencial que dice contar con un dictamen de abogados de la Embajada de su país en Guatemala, decidieron por sí y ante sí que el Acuerdo migratorio que nos convierte en Tercer País Seguro no tiene que ir al Congreso de la República sino que basta la decisión presidencial para implementar su vigencia, lo cual, según demostró el doctor Orellana, es absolutamente falso y en consecuencia se está violentando nuestro ordenamiento jurídico de manera grave, lo que demanda inmediata acción para corregir el abuso que ya permitió la deportación, como plan piloto, de un solicitante de asilo de origen hondureño quien, al nada más poner los pies en Guatemala, pidió irse de regreso a su país de origen, con todo y los peligros que ello pueda entrañar, porque sabe que aquí no encontrará ni seguridad ni respeto a su dignidad.
El envío de una sola persona era para poner a prueba la institucionalidad de Guatemala y de sus órganos de administración de justicia. Lo mismo da el envío de una sola persona que el de centenas o miles, puesto que lo importante era nada más probar si aquí existía algún mecanismo de defensa del orden constitucional que obligara a que antes de recibir a ese deportado el convenio de migración fuera aprobado por el Congreso.
Y pareciera que se están saliendo con la suya tanto Estados Unidos como las autoridades guatemaltecas porque de momento todo les ha salido a pedir de boca ante la ausencia de una autoridad local, léase Ministerio Público y la misma Corte de Constitucionalidad, que les obligue a respetar la normativa de la Constitución Política de la República, esa misma que se ha convertido desde hace tiempo en una especie de papelito shuco porque no se le respeta ni siquiera tras fallos claros y explícitos de la CC que está llamada a proceder ante el manifiesto incumplimiento y desobediencia de sus resoluciones. La claridad de lo expresado por el doctor Orellana debe ayudar a abrir los ojos a los llamados a actuar.
