Por Jorge Santos
Estado de impunidad absoluta, es un término que he escuchado en dos ámbitos concretos, el primero en el laboral, cuando la Organización Internacional del Trabajo declaró que Guatemala se encontraba en esta condición, luego de evaluar la capacidad del sistema para tutelar los derechos de las y los trabajadores en el país. La segunda vez, fue por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH- al establecer la falta de cumplimiento en 11 de las resoluciones que ha emitido contra el Estado guatemalteco.
Pero bien que el término podemos usarlo en estos días, dada la actuación impune de las más altas esferas del poder político y económico en el país. Una élite económica que ha sido evidenciada en su forma de actuar, tal crimen organizado que asalta el poder por la vía del financiamiento electoral ilícito, el cual le lleva después a contar con enormes cuotas de decisión sobre leyes, políticas, presupuesto, otorgamiento de obras de infraestructura, protección del Estado y seguridad sin la necesidad de sufragar ciertos costos que otras empresas si necesitan realizar. Junto a ello, una élite política podrida hasta sus cimientos, tomada por una enfermedad crónica que ha hecho metástasis y que le corroe completa. Prácticamente una elite política al servicio pleno de los intereses de la oligarquía, en la medida que la ha comprado y cooptado para sus servicios.
Pero por si esto fuera poco, ambas elites coinciden y conviven con el crimen organizado que ha tomado junto a la oligarquía importantes cuotas del poder político. Narcotraficantes, tratantes de personas y lavadores de dinero suman una triada que ha vuelto a Guatemala un Estado de impunidad total y absoluta. A esta triada maligna la cuida y protege su perro guardián el Ejército y la Policía.
De esa cuenta, cercados cobardemente por sus propios perros guardianes, la elite política representada en el Congreso de la República ha aprobado iniciativas de ley contrarias a los intereses populares, pero muy beneficiosa para quienes hoy están detenidos en el cuartel Mariscal Zavala, producto de delitos como cohecho pasivo y activo, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de poder entre una amplia gama de delitos que conforma la corrupción. Pero también muy beneficiosa para las y los diputados que no lograron su reelección y que durante esta legislatura conformaron parte activa de la Alianza Criminal que compone el Pacto de Corruptos.
Hoy presos de pánico, dado el poco tiempo que les queda con el privilegio del antejuicio, corren acelerados frente al amo, para que les apoye no solo con la aprobación de la amañada Ley de Aceptación de Cargos, sino también para que puedan reformar la Prisión Preventiva, se pueda negociar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación y que se dé inicio a pactar la próxima Junta Directiva del Congreso de la República. Es por ello, que es factible afirmar que la Guatemala de hoy se encuentra en impunidad absoluta, que la hace vivir en indefensión total.
