Carlos Figueroa Ibarra
En la disputa ideológica que ha seguido al golpe de Estado del 10 de noviembre en Bolivia, derecha y ultraderecha (y la minoritaria izquierda crítica de Evo Morales) han blandido dos ideas: 1. Evo hizo fraude. 2. No hubo golpe de Estado. Desde las derechas, las dos ideas son necesarias para la legitimación que el neoliberalismo ensayó desde sus albores: no es posible otro mundo que no sea el de la economía de mercado y la democracia liberal y representativa (Fukuyama). Desaparecido el comunismo ya no es posible legitimar dictaduras como lo hacía Washington cuando afirmaba que era preferible el autoritarismo (Pinochet) que el totalitarismo (Castro). Ahora las derechas imponen su proyecto a través de la democracia mínima y acusan de dictaduras a los proyectos que se les oponen. En la narrativa reaccionaria y en la de sus aliados de izquierda, en Bolivia el “pueblo” se indignó por el fraude y Evo tuvo que renunciar. No importa que una turba neofascista haya sembrado el caos, que la policía se amotinara y que el Ejército le pidiera la renuncia: hubo fraude y no hubo golpe de Estado.
Dos estudios estadounidenses han concluido que no hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Concluyeron en que no hubo fraude el Center For Economic Rearch (CEPR) que dirige el prestigioso Mark Weisbrot y el experto en fraudes electorales de la University of Michigan en Ann Arbor Walter R. Mebane Jr. El primero asevera que las tendencias del conteo rápido son congruentes con el cómputo oficial y que pese a que el primero fue suspendido por 20 horas (un hecho que sirvió para esparcir la imagen del fraude) el segundo nunca se suspendió. El segundo estudio afirma que solo hubo inconsistencias en 274 de las 34 mil 451 mesas electorales, insuficientes para adulterar la votación a favor del presidente Evo Morales.
Maniatados por la necesidad de enmascarar el golpe en una fachada democrática, los golpistas no han seguido el protocolo que seguían los golpes militares de antaño. No han podido ilegalizar a los partidos políticos (particularmente al MAS de Evo) ni han podido disolver a la Asamblea Nacional en donde el MAS tiene dos tercios de los representantes populares. Por ello, la golpista Jeanine
Áñez fue impuesta como Presidenta sin que hubiera quórum. El MAS teóricamente tendría la posibilidad de rechazar la renuncia de Evo y por lo tanto éste podría reasumir sus funciones hasta el 22 de enero de 2020. Mientras tanto la movilización social se ha incrementado y está intentando un cerco a La Paz (desvirtuando la imagen golpista de que la “sociedad” o el “pueblo” rechazaba al presidente Morales), la represión se ha incrementado contabilizando hasta el momento de escribir estas líneas en 30 asesinados, 715 heridos y aproximadamente 600 detenidos. La masacre de Cochabamba ha hecho caer a la máscara democrática mostrando al mundo entero lo que en realidad sucede: en Bolivia lo que ha sucedido es un golpe militar sangriento que ha impuesto a una Presidenta espuria e ilegítima.
