Por: Adrián Zapata
zapata.guatemala@gmail.com
La situación en Bolivia sigue agravándose. A juicio de muchos analistas, el Gobierno prácticamente otorgó impunidad a las fuerzas armadas para enfrentar a la oposición, al emitir un Decreto que, en su artículo cuatro, establece: “El personal de las fuerzas armadas que participe en operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de las órdenes constitucionales actúen en legítima defensa y en estado de necesidad”.
Por su parte, Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.
El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, posteó lo siguiente: “El gobierno de facto usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las fuerzas armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos. El gobierno argentino calla. La OEA avala”.
Es particularmente importante señalar los cuestionamientos que hay sobre el rol de dicha organización en los últimos tiempos. Para muchos, Luis Almagro se ha convertido en un instrumento de los Estados Unidos.
En el caso de Bolivia, está claro que la OEA es parte del problema que se ha creado y que, en tal sentido, sus posibilidades de contribuir a una solución política lo más pronto posible, son sumamente limitadas. La relación de Almagro con Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta, es vista como más que obvia.
Es en ese contexto que el Secretario General de la ONU ha tomado una decisión acertada al nombrar a Jean Arnault como su enviado personal para que, en palabras de su vocero, Stéphane Dujarric, establezca contacto con todos los actores bolivianos y ofrezca el apoyo de las Naciones Unidas a los esfuerzos que permitan encontrar una solución pacífica a la crisis, incluyendo unas elecciones transparentes, inclusivas y creíbles.
El señor Arnault cuenta ya, en la región latinoamericana, con dos méritos sustanciales, al haber sido, en nombre de dicha organización mundial, el mediador en los dos más largos conflictos bélicos, primero el de Guatemala y recientemente el de Colombia. En ambos casos, también presidió las respectivas misiones de verificación de los acuerdos pactados.
Según algunas publicaciones de prensa, el señor Arnault, quien ya se encuentra en plenas actividades en Bolivia, dijo, en correspondencia con el mandato que le ha dado el Secretario General, “Nos sentaremos a conversar sobre estos dos lineamientos: la no violencia, de la pacificación y de la necesidad urgente de un diálogo y de contribuir al objetivo anhelado de la celebración de elecciones libres, transparentes e inclusivas”.
Es afortunado que Naciones Unidas venga al rescate de la situación creada en ese país, donde la OEA no está en condiciones de hacerlo, ya que la percepción predominante es que dicha organización no ha mantenido una posición equilibrada en esta crisis. Esa iniciativa de la ONU debe contar con todo el respaldo internacional posible, incluyendo el de Guatemala.
