Ayer el presidente electo, Alejandro Giammattei, se refirió a la Ley de Aceptación de Cargos aprobada por 81 diputados del Pacto de Corruptos y afirmó que se “le ha hecho una fama que no es tan cierta”, defendiendo lo aprobado. Según él, hay exageraciones en cuanto a que lo dispuesto por el Congreso promueva impunidad y vaya a beneficiar a todo tipo de delincuentes, pero sus argumentos resultan, desde el punto de vista jurídico, por lo menos flojos si no es que maliciosos. Y como Giammattei no tiene formación jurídica, por mucho que él mismo dijera que el haber enfrentado a la justicia lo hace una especie de experto en el tema, hay que preguntarnos con seriedad quiénes serán los asesores que le sirven de respaldo para emitir opiniones, según él, con criterio jurídico.
Porque estamos viendo el daño que le ha hecho al país un gobierno en el que se ha violado flagrantemente a la ley que ordena obedecer a las resoluciones judiciales por el peregrino criterio del Presidente, con “desconocimiento enciclopédico” (como dijo Jorge Skinner Klée de Arzú) pero redoblado en temas legales. Y sería trágicamente funesto continuar otros cuatro años en la misma dirección.
Baste decir, para probarlo todo y evidenciar que el comentario hecho por el presidente electo no tiene sustento, que hasta la Fiscal General, indudable aliada de los beneficiarios de la Ley de Aceptación de Cargos, ha criticado la disposición.
¿Será que es apenas cuestión de mala fama eso de haber suprimido del proyecto original el requisito de exigir que quien se beneficie con la aceptación de cargos aporte su colaboración y el testimonio para averiguar la verdad, lo que implicaba el tener que relatar cómo y con quiénes se perpetraron los delitos? ¿Habrá leído el presidente electo la propuesta consensuada entre el Organismo Judicial, la CICIG y el Ministerio Público y la pudo comparar con el mamotreto que terminó manoseando el Congreso?
Esta ley ha sido defendida a capa y espada por los que la aprobaron, representados por Álvaro Arzú Jr. y por Jafeth Cabrera vicepresidente de la República. Fuera de ellos, todas las voces han sido críticas por lo que ahora que se produce la declaración de Giammattei se ve acompañado única y exclusivamente por ellos dos en esa defensa.
El argumento del futuro mandatario es tan vacuo y genérico que no expresa ningún criterio jurídico, ni por asomo. Y dadas las críticas que ya se escuchan sobre la que podría ser su entorno, ahora urge saber quiénes son los “juristas” alrededor de Giammattei.
