El asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, salió al paso de las críticas a los acuerdos migratorios diciendo que la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, (ACNUR), se haría cargo de todo lo relacionado con la atención a quienes fueran deportados como producto de lo que se había suscrito con Guatemala, Honduras y El Salvador en materia de trato a los solicitantes de asilo, dando a esa especializada dependencia de la ONU un espacio y una especial responsabilidad en la implementación de lo que se había negociado y acordado con los partes.
Pero resulta que justamente el día en que oficialmente fue publicado en Estados Unidos el acuerdo migratorio con Guatemala, lo que según ellos faculta para iniciar la aplicación de los términos del mismo, ACNUR emite un serio comunicado en el que literalmente dice tener “serias preocupaciones sobre la nueva política estadounidense sobre asilo publicada el martes 19 de noviembre. Es un enfoque en desacuerdo con el derecho internacional que podría resultar en la transferencia de personas altamente vulnerables a países donde pueden enfrentar peligros que amenazan la vida”.
Precisamente fue ese el argumento que ha dado sustento a las más serias críticas que desde el principio se hicieron a los acuerdos migratorios, puesto que el espíritu de la legislación internacional es que el país que se ofrezca como refugio temporal tiene que tener especiales características para garantizar la seguridad y el pleno goce de sus derechos a las personas solicitantes del asilo y, obviamente, nuestros países no ofrecen tales garantías.
No por gusto el principio internacional tiene que ver con la existencia de un Tercer País Seguro, término que se ha tratado de borrar del escenario precisamente porque los mismos signatarios, empezando por las autoridades de Estados Unidos, saben que en ese marco no se podría operar si los países “seguros” son Guatemala, El Salvador y Honduras. Es más, ni siquiera México califica para esa posición, como se demostró en estos días con la brutal masacre de una familia de religiosos cometida en circunstancias que aún no se han esclarecido, porque el gobierno mexicano carece de los medios para lograr una investigación efectiva. Y si no que lo digan los deudos de los 43 estudiantes masacrados en Iguala.
La declaración de ACNUR es tajante al expresar que no se respetan las normas del derecho internacional porque se pueden transferir o deportar a personas altamente vulnerables a países donde pueden enfrentar peligros que amenazan la vida. Pero sucede que Estados Unidos está partiendo de la premisa que los solicitantes de asilo no están en riesgo y que, devueltos a países como Guatemala, terminarían prefiriendo volver a su país de origen en vez de esperar aquí varios años a que se puedan procesar sus solicitudes. Pero es un prejuicio peligroso porque por ello el derecho internacional obliga a que se de tratamiento humanitario a esas personas porque no se puede, de entrada, afirmar que no huyen de ningún peligro.
Por supuesto que Trump y Morales la van a emprender contra la ONU y ACNUR, porque ambos detestan a Naciones Unidas.
