Fernando Mollinedo C.
“La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia” (Amos Bronson Alcott). Eso sucede con aquellas personas que, con serias limitaciones de comprensión y proyección, ejercen cargos públicos en calidad de jefes, directores, coordinadores y toda la gama de puestos administrativos y ejecutivos, guiándose con su particular forma de entender la vida, es decir, con su “lógica común”.
Es cierto que “de todo hay en la viña del Señor”, pero la mayoría de los que hay, están influidos de un superego, creyéndose el non plus ultra, designados de Dios, todólogos de la vida y casi perfectos; esa situación se manifiesta directamente en la toma de decisiones políticas, administrativas, judiciales y otros órdenes que afectan de forma directa a la población guatemalteca.
La religión es un aspecto influyente que determina algunas decisiones de trascendencia en muchas conductas de funcionarios y empleados públicos, pues se aferran de manera fundamentalista a sostener criterios jurídicos y políticos de acuerdo con sus creencias, sin importarles que sus decisiones afecten a gran parte de la población.
Debemos entender que la religión, sin verla como un movimiento político y económico, aporta elementos morales y psicológicos para encausar a la población en el debido respeto a sus semejantes; pero ello no es suficiente para detener el auge de la conducta irregular y/o ilícita de una parte de la población en detrimento de la vida y los bienes de la otra gran parte. La fe, con su universo de valores muchas veces está seca como manantial extinguido, sin corrientes espirituales internas que la doten de frescura.
En materia de administración pública, es muy fácil criticar en base a los pocos detalles que se toman para hacerlo, sin embargo, al conocer detalles de los temas criticados, se verá que no todo es como lo creímos o concebimos en principio; por lo tanto, es menester que, cuando hagamos alguna crítica a determinados temas, nos informemos al respecto para emitir una opinión valedera, justa y acertada.
Desde otro punto de vista, NO ES VÁLIDO MORALMENTE que los funcionarios y empleados gubernamentales escondan, oculten o disimulen actos de gobierno con implicaciones sociales, económicas y de seguridad para la población; eso es cobardía, falta de entereza e indignidad. ¿Por qué en Guatemala los funcionarios y empleados públicos no son transparentes en su actuar? Los hubo y los hay, que, sin necesidad aparente se imbuyen en el estiércol de la corrupción debido a su pobreza de valores éticos, religiosos y familiares.
El sistema le apuesta a que los millones de personas pobres no tienen capacidad de organizarse y defender sus derechos que por ley les corresponde, y para la negación legal de esos derechos existe la formación de leyes del despojo, la compra de tiempo en radios y televisoras privadas como armadura informativa y de distracción. Muchos historiadores nacionales y extranjeros consideran a Guatemala como un foco cada vez más rojo donde la simbiosis de gobiernos nacionales y locales con el crimen organizado ha sido evidente desde la Colonia y no se puede negar ¿o sí?
